La compra de los aviones de combate Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana enfrenta nuevos cuestionamientos. La Contraloría General de la República advirtió sobre un posible daño al patrimonio público por $2.130 millones, relacionado con la tasa de cambio utilizada por el Ministerio de Defensa en un pago a la compañía sueca Saab.
Según una respuesta mediante un derecho de petición, el desembolso se realizó el 20 de enero de 2026, mediante la orden de pago presupuestal número 7787826. Para convertir euros a pesos colombianos, el Ministerio habría utilizado una tasa de $4.936,96 por euro, mientras que la tasa oficial publicada por el Banco de la República para esa fecha era de $4.339,41.
La diferencia fue de $597,55 por euro, equivalente a cerca del 13,8 %. De acuerdo con la Contraloría, esta situación representa un riesgo para los recursos del Estado y podría derivar en un daño patrimonial.
El organismo de control advirtió sobre la necesidad de revisar la operación para establecer si el cálculo aplicado produjo un pago superior al que correspondía. La alerta busca prevenir o corregir una eventual afectación fiscal y, por sí sola, no constituye una sanción ni una declaración definitiva de responsabilidad.
Dudas sobre el contrato de los Gripen
El cuestionamiento cambiario se suma al debate sobre el contrato para adquirir 17 aviones Gripen y las consecuencias económicas de eventuales cambios en el acuerdo.
La revisión del contrato plantea interrogantes sobre los costos que tendría para Colombia modificar sus condiciones o terminarlo anticipadamente. Sin una estimación completa de las penalidades, obligaciones pendientes y demás consecuencias financieras, no es posible establecer cuánto le costaría al país tomar alguna de esas decisiones.
La discusión involucra recursos públicos destinados a la renovación de las capacidades de combate de la Fuerza Aeroespacial, por lo que las condiciones de pago y el cumplimiento de las obligaciones contractuales requieren seguimiento.
La advertencia de la Contraloría fue emitida el 28 de agosto de 2026, durante el actual Gobierno de Abelardo De La Espriella, mientras que el pago cuestionado se efectuó en enero, durante la administración de Gustavo Petro.
Por ahora, la información divulgada apunta a un posible riesgo fiscal asociado con la tasa de cambio. Para determinar si hubo un detrimento efectivo, será necesario establecer las condiciones contractuales aplicables al desembolso, justificar la tasa utilizada y precisar si existe una suma que deba ser recuperada.
