El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la iniciativa obtuvo el respaldo del organismo. El texto recibió observaciones de distintas entidades, incluidos reparos de la Corte Suprema de Justicia, y será revisado antes de continuar su trámite.
El estatuto antiterrorista promovido por el Gobierno de Abelardo De La Espriella recibió el aval del Consejo de Política Criminal, un paso que le permite avanzar en su propósito de dotar a las autoridades de herramientas para combatir a las organizaciones armadas ilegales.
El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien presentó el documento ante representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las altas cortes y el Congreso de la República.
“Hicimos una presentación larga, detallada, precisa, del estatuto antiterrorista y obtuvimos los votos, la confianza del comité de Política Criminal. Esto es muy importante porque muestra la solidez, las garantías que contempla este estatuto”, afirmó el funcionario.
Lara sostuvo que el concepto favorable respalda la estructura de la iniciativa y sus mecanismos de protección frente a posibles actuaciones arbitrarias. Según explicó, el propósito es dirigir las medidas contra quienes recurren a la violencia y a las acciones terroristas, sin convertir el estatuto en un instrumento de persecución por razones políticas.
El documento tendrá modificaciones
Aunque el Consejo de Política Criminal dio su aval, el articulado no quedó aprobado exactamente en los términos presentados inicialmente por el Gobierno.
Según información conocida por SEMANA, las entidades participantes formularon observaciones durante la discusión y varias de ellas fueron acogidas por el Ejecutivo. Entre los puntos debatidos hubo reparos de la Corte Suprema de Justicia.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que el texto tuvo modificaciones que deberán ser revisadas por la Presidencia de la República antes de avanzar en las siguientes etapas.
El concepto favorable del Consejo constituye un respaldo institucional a la propuesta, pero no significa por sí mismo que el estatuto ya sea ley de la República. Su entrada en vigor dependerá del cumplimiento del trámite legislativo correspondiente y de las demás exigencias jurídicas aplicables.
Un proyecto en medio del debate político
El estatuto antiterrorista busca ampliar las herramientas disponibles para la Policía y las Fuerzas Militares frente a las estructuras armadas ilegales que operan en distintas regiones del país.
La iniciativa también enfrenta cuestionamientos políticos. El senador Iván Cepeda anunció que buscará articular fuerzas con movimientos sociales para oponerse al proyecto, mientras otros sectores han expresado respaldo a su trámite.
La discusión se concentra en el alcance de las facultades que recibirían las autoridades, las garantías para evitar abusos y los mecanismos de control sobre su aplicación.
Con el aval del Consejo de Política Criminal, el Gobierno cuenta con un concepto favorable para continuar el proceso. La versión que finalmente se tramite deberá incorporar los ajustes discutidos y permitir que el Congreso examine sus disposiciones antes de una eventual aprobación definitiva.
