El Ministerio de Hacienda radicó una solicitud formal ante las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para desaprobar y retirar cuatro adiciones al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. La cartera macroeconómica advirtió que la aprobación de estas modificaciones durante el primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas vulneró el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Carta Política, al carecer de la autorización previa y formal del Ejecutivo.
De acuerdo con el concepto emitido por la entidad, mantener estos artículos en la ponencia final expone la norma a eventuales demandas de inconstitucionalidad por vicios de trámite, lo que pondría en riesgo la estabilidad jurídica y presupuestal de la nación para el próximo ejercicio fiscal.
Modificaciones objeto de la solicitud de archivo
Aumento en el SENA: Se solicitó retirar el incremento de $500.000 millones en las apropiaciones destinadas al Servicio Nacional de Aprendizaje.
Asignación al Congreso: Se objetó la asignación presupuestal directa de $1,2 billones orientada al Congreso de la República.
Reglas sobre el CNE: Se pidió desestimar la incorporación de nuevas reglas relativas a la ejecución y manejo presupuestal del Consejo Nacional Electoral.
Traslado hacia entes de control: Se rechazó la reducción de partidas del Ministerio de Hacienda que pretendía redistribuir $1,05 billones hacia órganos de control y justicia (Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Registraduría, CNE y Congreso).
Sustento constitucional y ajuste a la JEP
La regulación fiscal colombiana supedita cualquier incremento de gasto o reasignación de partidas a la aprobación explícita del Ministerio de Hacienda. Al haberse votado sin el aval escrito del ministro del ramo, el Gobierno urgió a los legisladores a subsanar la irregularidad durante las plenarias fijadas para esta semana.
En paralelo al retiro de estos cuatro artículos, el articulado propuesto para segundo debate ratifica un recorte de $170.000 millones en las arcas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La medida abarca $30.000 millones en gastos de funcionamiento y $140.000 millones en proyectos de inversión, motivada por la necesidad de estrechar el gasto público en consonancia con el marco de austeridad presupuestal
