El empresario cuestiona una cuota provisional de $37 millones mensuales y denuncia presuntas irregularidades en las actuaciones del comisario Amín Francisco Sanabria Aislant, en Cartagena.
Santiago Botero Jaramillo pide a la Corte Suprema de Justicia revisar su proceso alimentario tras su separación de Manuela Echeverri Hoyos. Afirma que durante cerca de cinco meses ha enfrentado impedimentos para compartir con su hijo y cuestiona las actuaciones de Amín Francisco Sanabria Aislant, comisario de la Comisaría de Familia Permanente Turno 1 de Cartagena.
Su reclamo se conoce tras un pronunciamiento divulgado por la Corte Suprema el 7 de octubre de 2026 y reseñado por Red+ el 9 de octubre. Al proteger a dos niñas cuyo padre impedía el contacto con su madre, el tribunal reiteró que la obstrucción sostenida e injustificada del vínculo con el otro progenitor constituye una manifestación de violencia intrafamiliar. También reclamó medidas eficaces para restablecer ese vínculo en condiciones seguras.
Una cuota que la defensa considera desproporcionada
Según sus abogados, el comisario fijó una cuota alimentaria provisional de $37 millones mensuales mediante el Auto 070 del 29 de mayo de 2026. Y quienes cuestiona esa cifra frente a los $5.400.000 que, según afirma, su expareja había estimado como gastos mensuales del niño.
El empresario reporta consignaciones de $2.731.800 mensuales, cerca de $1.500.000 por salud y medicina prepagada del menor y $5 millones de administración del apartamento donde viven su expareja y el niño. Los conceptos suman $9.231.800 al mes. Su defensa solicita revisar los soportes y determinar cuáles pagos pueden reconocerse dentro de la obligación alimentaria.
A su vez, la abogada afirma que su cliente ha realizado cinco transferencias de $2.731.800 entre junio y octubre de 2026, para un total de $13.659.000. Sus abogados piden valorar esos aportes, las necesidades del niño y la capacidad económica de ambos progenitores.
Audiencia, REDAM y recusación
La abogada Diana Paola Chavarro denuncia que durante cerca de cinco meses no se habría celebrado la audiencia que la defensa esperaba desde junio. Cuestiona las oportunidades que tuvo su cliente para controvertir la cuota y señala que la decisión provisional habría indicado que no era susceptible de recursos.
La defensa también objeta la inscripción del empresario en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos —REDAM—, que, según sus abogados, se hizo efectiva el 11 de octubre de 2026. Sostiene que los pagos y las objeciones presentadas sobre los requisitos de la solicitud no fueron valorados adecuadamente.
Asimismo, señala que la Secretaría del Interior de Cartagena no habría remitido al juzgado de familia los oficios necesarios para resolver una recusación contra el comisario. Los abogados aseguran haber presentado quejas ante organismos de control sin recibir pronunciamientos de fondo.
Acción de tutela en curso
Según informa la defensa, actualmente cursa ante el Juzgado Segundo Civil de Cartagena una acción de tutela por la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En ese trámite se cuestionan la presunta inscripción irregular en el REDAM y la imposición de la cuota alimentaria sin observar los lineamientos jurídicos correspondientes. La actuación se identifica con el radicado No. 13001-40-03-002-2026-001059-00.
La restricción de salida y sus efectos profesionales
La inscripción en el REDAM tiene consecuencias migratorias: el artículo 6, numeral 5, de la Ley 2097 de 2021 contempla el impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia.
Botero afirma que esta restricción dificulta su regreso a Colombia porque, si ingresa mientras se mantiene el impedimento de salida, no podría volver al exterior para atender sus actividades profesionales. Según el empresario, la situación afecta su trabajo y la posibilidad de reencontrarse con su hijo.
El reclamo por el vínculo con su hijo
El empresario atribuye a su expareja los obstáculos que denuncia para compartir con el niño y sostiene que su hijo está siendo utilizado como “moneda de cambio” en la disputa de divorcio. Solicita que se atienda la situación con prioridad en los derechos y el bienestar del menor.
Santiago Botero pide revisar los fundamentos de la cuota provisional de $37 millones, los aportes reportados, la inscripción en el REDAM y el trámite de recusación contra el funcionario.
De igual forma sostiene, “que en Colombia ningún niño debe convertirse en moneda de cambio de un divorcio ni quedar atrapado entre los intereses de sus padres y los presuntos abusos de una autoridad”. Por eso reclama que se investiguen las actuaciones del comisario Amín Francisco Sanabria Aislant y se adopten decisiones oportunas para proteger a su hijo.
Para el empresario, el llamado es claro: “los derechos de los niños deben estar por encima de cualquier disputa y de cualquier abuso de poder”.
