El presidente anunció la firma del Decreto 1525, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las protestas. La advertencia se conoce horas antes de la jornada nacional de movilizaciones de este miércoles 14 de octubre.
El presidente Abelardo De La Espriella oficializó la firma del Decreto 1525, que regula la actuación de las autoridades durante las manifestaciones sociales en Colombia, y lanzó una advertencia a quienes participen en la jornada de protestas convocada para este miércoles 14 de octubre.
“A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley”, expresó el mandatario al anunciar la medida.
De La Espriella también dejó clara su posición frente a los bloqueos y las alteraciones del orden público. “Se acabó la guachafita. La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera”, afirmó, en un mensaje dirigido a los organizadores y participantes de las movilizaciones.
El decreto introduce modificaciones al protocolo de actuación policial establecido en el Decreto 003 de 2021. Entre sus disposiciones contempla la posibilidad de intervenir frente a conductas violentas sin necesidad de agotar previamente todas las etapas de diálogo, siempre que existan circunstancias objetivas que justifiquen esa actuación.
La norma también establece criterios para responder ante agresiones, daños a la infraestructura, retenciones de personas y obstrucciones que afecten gravemente servicios esenciales. Las decisiones de intervención deben estar sustentadas en las circunstancias verificadas y respetar los principios aplicables al uso de la fuerza.
Una jornada bajo nuevas reglas
La expedición del decreto coincide con las manifestaciones programadas en distintas ciudades del país. El Gobierno sostiene que su propósito es garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar que los actos violentos afecten a terceros, mientras que las nuevas facultades policiales abren interrogantes sobre su aplicación práctica y las garantías para los manifestantes.
El desafío para las autoridades será distinguir entre quienes ejercen pacíficamente su derecho a la movilización y quienes incurran en conductas violentas. La aplicación del protocolo también deberá respetar los principios de necesidad y proporcionalidad, así como los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Con su pronunciamiento, De La Espriella fijó la posición de su Gobierno antes de las marchas: garantías para la protesta pacífica y actuación de la Fuerza Pública frente a hechos violentos. El desarrollo de la jornada permitirá observar cómo se aplican las nuevas disposiciones en las calles.
