El organismo de control advirtió que miles de familias en 500 municipios de 16 departamentos continúan vulnerables, e instó a la UNGRD a garantizar soluciones duraderas de vivienda, salud y movilidad.
Al cumplirse dos meses del movimiento telúrico que afectó al occidente del país —dejando un saldo oficial de 335 personas fallecidas, cientos de heridos y severas pérdidas materiales—, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento institucional exigiendo al Gobierno Nacional fortalecer la atención humanitaria y avanzar con celeridad en la recuperación integral de las zonas impactadas.
La entidad fiscalizadora enfatizó que las consecuencias del desastre profundizaron inequidades preexistentes en las regiones y reclamó que la gestión del Estado trascienda la respuesta inmediata para consolidar medidas permanentes de prevención, reubicación y protección de derechos humanos.
Peticiones clave y acciones institucionales
Reapertura del Registro Único de Damnificados: Solicitud formal a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para habilitar nuevamente la inscripción de afectados y eliminar barreras administrativas que impiden el acceso a subsidios y ayudas estatales.
Transparencia en el gasto público: Exigencia de veeduría estricta y rindiendo cuentas sobre la destinación e inversión de los recursos asignados para la emergencia y reconstrucción.
Planificación territorial y gestión del riesgo: Llamado a las alcaldías y gobernaciones para integrar la variable de riesgo sísmico y adaptabilidad climática en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), priorizando la prevención sobre la atención reactiva.
Protección a la movilidad humana y reubicación: Implementación de protocolos con enfoque diferencial para comunidades desplazadas o atrapadas en zonas de alto riesgo, garantizando condiciones dignas en alojamientos temporales y planes definitivos de vivienda.
I Congreso sobre Gestión del Riesgo y Derechos Humanos: Convocatoria oficial para el 15 y 16 de octubre, espacio académico e institucional que reunirá a diversos sectores para articular políticas públicas enfocadas en la preservación de la vida ante desastres naturales
