El excontralor general Carlos Felipe Córdoba presentó denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los presuntos seguimientos y perfilamientos realizados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro.
La actuación judicial se produjo después de las revelaciones publicadas por la revista SEMANA, que señaló que la entidad habría recopilado información sobre figuras políticas, periodistas y funcionarios críticos del entonces mandatario. Córdoba aparece entre las personas que habrían sido objeto de esas actividades.
En los documentos radicados, el exjefe del organismo de control fiscal pidió investigar si Petro tenía conocimiento de las operaciones y si desde la Presidencia se impartieron instrucciones para realizar actividades de inteligencia contra opositores.
Córdoba señala una posible línea de órdenes desde la Presidencia
En la denuncia presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación, Córdoba citó apartes de la investigación periodística y solicitó establecer el grado de participación que habría tenido el entonces presidente en los hechos.
Uno de los elementos mencionados es el testimonio atribuido a una fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), según el cual Petro habría recibido informes de inteligencia de manera semanal.
“Una alta fuente de la Uiaf, cercana a su primer director en el gobierno del denunciado, afirmó que el presidente Petro recibía semanalmente un informe de inteligencia”, señala el documento citado por SEMANA.
La denuncia también recoge información según la cual una inspectora habría sido vinculada a la DNI para indagar sobre operaciones de la administración anterior y habría invocado instrucciones provenientes del presidente.
Córdoba considera que estos señalamientos justifican investigar si existieron órdenes directas desde la Casa de Nariño y si la información recopilada se utilizó con fines distintos a los autorizados por la ley.
Las afirmaciones hacen parte de los argumentos del denunciante y deberán ser verificadas por las autoridades. La presentación de una denuncia no demuestra por sí misma que el expresidente haya ordenado seguimientos ilegales.
La Fiscalía deberá examinar posibles delitos informáticos y abuso de funciones
En la denuncia penal, Córdoba pidió investigar a antiguos directivos de la DNI y de la UIAF, además de otros funcionarios que pudieron haber participado en las actividades señaladas.
Entre las conductas que solicitó examinar figuran la violación ilícita de comunicaciones, el acceso abusivo a sistemas informáticos, la interceptación de datos, la violación de datos personales, el abuso de función pública y la utilización indebida de información oficial privilegiada.
También pidió evaluar posibles delitos de revelación de secreto, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, entre otras conductas que pudieran establecerse durante la investigación.
El excontralor comparó los hechos denunciados con el caso de las interceptaciones ilegales realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el que varios exfuncionarios fueron condenados por actividades ilícitas de inteligencia.
“Los hechos denunciados reproducen, punto por punto, el patrón que la Corte Suprema de Justicia ya juzgó y sancionó en el caso de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”, sostuvo Córdoba, según la publicación periodística.
La comparación plantea la necesidad de determinar si los hechos denunciados corresponden a operaciones legítimas de inteligencia o si hubo utilización de recursos estatales para obtener información sobre personas por razones políticas.
Quiénes aparecen en los presuntos seguimientos
La investigación publicada por SEMANA menciona a varias figuras públicas que habrían sido objeto de seguimientos o perfilamientos por parte de la DNI.
Entre los nombres citados están los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez; el exfiscal general Francisco Barbosa; la exvicefiscal Martha Mancera; la exprocuradora Margarita Cabello Blanco; el excontralor Carlos Felipe Córdoba y la periodista Vicky Dávila.
También aparecen el exdirector del DAS Ramiro Bejarano, la abogada Jenny Rozo y el congresista Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras sufrir un atentado sicarial.
La inclusión de estas personas en el reportaje no establece por sí sola quién ordenó las actividades, qué información fue obtenida ni para qué habría sido utilizada. Esos aspectos requieren comprobación documental y judicial.
La investigación apunta al funcionamiento de la inteligencia estatal
El caso pone bajo escrutinio los mecanismos de dirección y control de la DNI durante la administración Petro. La cuestión central será determinar quién autorizó las operaciones señaladas, cuál era su propósito y si se respetaron los límites legales de las labores de inteligencia.
La Comisión de Investigación y Acusación deberá evaluar los señalamientos relacionados con el expresidente, mientras que la Fiscalía tendrá que examinar las posibles responsabilidades penales de quienes resulten vinculados a los hechos.
Por ahora, las denuncias de Córdoba se apoyan en las revelaciones periodísticas y en información que solicita verificar. La responsabilidad de Petro y de los exfuncionarios mencionados dependerá de las pruebas que se incorporen a los procesos y de las decisiones de las autoridades competentes.
