El Gobierno nacional se prepara para poner en marcha un decreto destinado a diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos y establecer herramientas de intervención para la Fuerza Pública. La iniciativa llega en un momento de tensión política, a pocos días de la movilización convocada por sectores sindicales y de izquierda contra la administración del presidente Abelardo De La Espriella.
Según informó la revista Semana este viernes 9 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el documento sería puesto a consideración del mandatario para su firma, paso necesario para que pueda entrar en vigor.
“En este Gobierno, lo que se dice se hace. En el Ministerio del Interior trabajamos, no perdemos el tiempo”, manifestó Lara al referirse a la iniciativa, que calificó como una reforma compleja.
El anuncio coincide con los preparativos de una movilización programada para el miércoles 14 de octubre, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y respaldada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
El expresidente Gustavo Petro confirmó que participará en la jornada en Bogotá y pidió que la manifestación se desarrolle de manera pacífica.
“La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”, expresó Petro al convocar a sus seguidores.
El Gobierno busca diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos
La propuesta pretende establecer criterios para que las autoridades distingan entre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y las conductas violentas que puedan poner en riesgo a ciudadanos, uniformados o bienes públicos y privados.
De acuerdo con lo divulgado por Semana, el decreto busca dotar al Estado de herramientas para intervenir ante hechos violentos, al tiempo que se mantienen garantías para quienes se manifiesten de manera pacífica.
Su alcance definitivo dependerá del texto que sea firmado y de las disposiciones concretas que incluya. Hasta el momento, la información publicada señala que el documento estaba pendiente de la firma presidencial.
El antecedente de las protestas de 2021
Uno de los antecedentes que aparece en el debate son las movilizaciones de 2021 contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque, convocadas por centrales sindicales y respaldadas por sectores del petrismo.
Durante aquellas jornadas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública, así como ataques contra instalaciones policiales y daños a bienes públicos y privados en diferentes ciudades del país.
Estos antecedentes forman parte de la discusión sobre cómo responder a los actos violentos sin restringir el derecho constitucional a la reunión y a la manifestación pública y pacífica.
En esta ocasión, Petro ha insistido públicamente en que la movilización del 14 de octubre debe transcurrir sin violencia. La convocatoria también contempla reivindicaciones relacionadas con el salario mínimo para 2027 y medidas frente al hambre y los efectos de la sequía.
La marcha del 14 de octubre pondrá a prueba el nuevo escenario
La coincidencia entre la eventual entrada en vigor del decreto y la primera gran movilización opositora contra el Gobierno de De La Espriella sitúa la jornada bajo especial atención política y de seguridad.
Si el documento es firmado antes del miércoles, las autoridades deberán aplicar sus disposiciones conforme a su contenido y respetando las garantías constitucionales de los manifestantes.
El desafío será establecer una respuesta efectiva frente a los actos violentos sin tratar como delincuentes a quienes ejerzan pacíficamente su derecho a protestar. La fecha de entrada en vigor y las medidas concretas dependerán de la firma presidencial y de la publicación oficial del decreto.
