El aumento del 23 % del salario mínimo para 2026 quedó nuevamente en el centro de la discusión jurídica. El Consejo de Estado entró en la etapa final del proceso que busca determinar si el Gobierno anterior cumplió con los requisitos legales al expedir el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se estableció el incremento.
Por ahora, el aumento continúa vigente y el salario mínimo mensual de 2026 permanece en $1.750.905. El proceso judicial todavía no tiene una decisión definitiva.
A comienzos de octubre, el tribunal cerró la etapa probatoria, acumuló las demandas y encaminó el proceso hacia una sentencia anticipada. Antes del fallo deberán surtirse los alegatos finales y conocerse el concepto del Ministerio Público.
Fenalco insiste en que se anule el decreto
Uno de los principales demandantes es la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que mantiene su solicitud para que el Consejo de Estado declare la nulidad del Decreto 1469 de 2025.
El gremio sostiene que el Gobierno no habría explicado de manera suficiente cómo fueron ponderados los diferentes criterios que deben tenerse en cuenta para establecer el salario mínimo, entre ellos la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad de las empresas.
Fenalco también cuestiona el papel que tuvo el concepto de “salario vital” en la justificación del aumento.
Según la posición del gremio, la estimación de ese concepto fue cercana al 22,7 %, cifra prácticamente coincidente con el incremento del 23 % finalmente decretado. Fenalco sostiene que el estudio utilizado como referencia no tiene carácter normativo vinculante y que el decreto no habría explicado suficientemente la manera en que se valoraron todos los factores exigidos por la legislación.
El Consejo de Estado ya había suspendido el aumento
La controversia tuvo un capítulo importante en febrero de 2026, cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 y ordenó al Gobierno expedir una nueva decisión con una justificación económica detallada.
Entre los elementos que debían ser considerados estaban la meta de inflación fijada por el Banco de la República y la productividad.
El Gobierno respondió con el Decreto 159 de 2026, mediante el cual estableció transitoriamente el salario mínimo en $1.750.905. Ese valor corresponde al mismo incremento del 23 % que había sido decretado inicialmente.
Posteriormente, el Consejo de Estado revocó la suspensión provisional. Sin embargo, esa decisión no resolvió el debate de fondo sobre la legalidad del decreto original.
Por eso, el proceso que ahora llega a su fase definitiva deberá establecer si la decisión adoptada para fijar el salario mínimo de 2026 se ajustó a las reglas legales.
¿Qué podría definir el nuevo fallo?
Además de resolver la demanda contra el Decreto 1469 de 2025, la sentencia podría aportar criterios sobre la forma en que deben justificarse futuros aumentos del salario mínimo.
La discusión cobra especial importancia porque el país se encuentra próximo a definir el incremento correspondiente a 2027, por lo que el fallo podría convertirse en un referente para la próxima negociación y para la actuación del Gobierno en materia salarial.
Fenalco, por su parte, sostiene que pedir la nulidad del decreto no implica que los trabajadores deban devolver los salarios que ya recibieron durante 2026. El gremio ha citado como antecedente una decisión del Consejo de Estado de 2017 en la que se anuló un decreto de salario mínimo por falta de motivación, pero se protegieron los salarios ya devengados.
Así, el aumento del 23 % permanece vigente mientras el Consejo de Estado completa los últimos pasos del proceso y prepara la decisión que definirá su legalidad.
