El abogado Raúl Romero del Río, representante de la IPS Fasalud, reveló detalles de la investigación que evidenció irregularidades en la documentación académica de Olga Lucía Vásquez, quien será removida de su cargo.
En entrevista para Caracol Radio, la representación legal de la IPS Fasalud dio a conocer las actuaciones que permitieron establecer la falsedad en la acreditación académica de Olga Lucía Vásquez Barrios, actual agente interventora de Capresoca EPS. Tras una verificación realizada por el equipo jurídico del prestador de salud, la Pontificia Universidad Javeriana emitió una certificación oficial en la que confirma que la funcionaria nunca estuvo matriculada ni obtuvo título alguno en esa institución.
El hallazgo se produjo en el marco de las indagaciones por decisiones administrativas tomadas desde la interventoría que afectaban la operación de la IPS encargada de atender pacientes de alta vulnerabilidad y salud mental. Ante la confirmación de la irregularidad, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella procederá con la remoción del cargo de la interventora, cuya vinculación inicial se dio durante la administración anterior.
Detalles de la investigación, hallazgos y certificación académica
Alerta inicial: La investigación jurídica identificó inconsistencias en el diploma de Enfermería presentado por la funcionaria, el cual registraba como fecha de graduación el domingo 24 de agosto de 2003.
Pronunciamiento de la Universidad Javeriana: La Oficina de Admisiones y Registro Académico de la institución certificó formalmente que Olga Lucía Vásquez Barrios no figura en sus bases de datos, no se matriculó como estudiante y no obtuvo título alguno en esa alma máter.
Afectación a prestadores: La denuncia surgió a partir de las decisiones e irregularidades administrativas de la interventoría contra la IPS Fasalud, entidad dedicada a la atención de pacientes de salud mental y alto riesgo.
Medida institucional: La funcionaria será retirada de la agencia interventora de Capresoca EPS por parte de la actual administración gubernamental.
El caso pasa a conocimiento de los organismos de control y las autoridades competentes para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias a que haya lugar por el uso de documento falso y el ejercicio ilegal de la profesión.
