Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, rompió su silencio luego de que un juez le impusiera una medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
El proceso judicial gira alrededor de varios contratos suscritos durante el periodo de la pandemia. Según la Fiscalía, seis contratos por más de $17.600 millones habrían sido direccionados irregularmente y el presunto detrimento patrimonial superaría los $2.400 millones. Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, pero no aceptó los cargos y sostiene que es inocente.
“Es persecución política”
En un video difundido en redes sociales, Miguel Quintero cuestionó las acusaciones en su contra y aseguró que su situación judicial estaría relacionada con una supuesta persecución política contra su hermano.
El procesado negó que exista un incremento patrimonial injustificado y defendió el origen de la vivienda donde actualmente cumple la medida de aseguramiento. Según explicó, se trata de una construcción prefabricada cuyo contrato fue firmado en enero de 2019, antes de que Daniel Quintero llegara a la Alcaldía de Medellín.
También afirmó que la construcción se realizó por etapas y que todavía tendría obligaciones crediticias relacionadas con las obras adelantadas en el inmueble.
Las polémicas fotografías
Miguel Quintero también respondió a las fotografías que se volvieron objeto de cuestionamientos en redes sociales, particularmente una en la que aparece junto a un vehículo de alta gama y otra en la que luce un reloj presentado inicialmente como un Rolex.
El hermano del exalcalde aseguró que el automóvil no es de su propiedad y que se trataba de un vehículo de exhibición. Sobre el reloj, manifestó que no era auténtico y reconoció que haberse tomado las fotografías fue un error.
Su argumento busca controvertir la imagen de un supuesto estilo de vida ostentoso que ha sido utilizada para cuestionar el origen de sus bienes.
¿Qué sostiene la Fiscalía?
La versión de Quintero contrasta con la tesis de la Fiscalía, que sostiene que habría intervenido como determinador en un esquema para direccionar contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
En el expediente se investigan contratos que superan los $17.600 millones y que estaban relacionados, entre otros aspectos, con la atención de la emergencia sanitaria y el suministro de elementos para fortalecer las capacidades de los organismos de socorro. La Fiscalía sostiene que se habrían presentado irregularidades en la contratación y un detrimento superior a $2.481 millones.
La defensa, por su parte, ha cuestionado elementos de la investigación y sostiene que no existen pruebas suficientes para demostrar que Miguel Quintero se haya apropiado de recursos públicos.
Una medida de aseguramiento, no una condena
La decisión judicial de imponer detención domiciliaria no significa que Miguel Quintero haya sido condenado por los delitos que se investigan. Se trata de una medida de aseguramiento mientras continúa el proceso penal.
De hecho, la Fiscalía había solicitado que fuera enviado a un establecimiento carcelario, petición que no fue acogida por el juez, quien determinó que cumpliera la medida en su domicilio.
Ahora será la justicia la encargada de determinar, durante el desarrollo del proceso, si las pruebas presentadas por la Fiscalía logran demostrar las acusaciones o si prosperan los argumentos de la defensa.
Por ahora, la afirmación de Miguel Quintero de que es víctima de una persecución política corresponde a su propia interpretación del caso. El debate judicial tendrá que establecer si las pruebas permiten acreditar las conductas que le atribuye la Fiscalía o si, como sostiene su defensa, los señalamientos carecen de sustento suficiente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿se trata de una investigación sustentada en pruebas sobre posibles irregularidades en la contratación pública o de un proceso que, como sostiene Quintero, terminó siendo utilizado dentro de una disputa política? La respuesta deberá surgir de las pruebas y de las decisiones de los jueces, no únicamente de las declaraciones de las partes.
