Tras visitas de verificación y diálogos con gobernadores y alcaldes, el Ministerio Público advirtió barreras en el registro de damnificados, en la actualización del estado de las viviendas y en la entrega de los auxilios económicos.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, adelantó visitas a los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas con el fin de escuchar a los alcaldes y gobernadores frente al avance y dificultades que se han presentado para la atención de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.En esos espacios se advirtió que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, en especial en la ruralidad dispersa y en territorios étnicos.También se constató que las plataformas no permiten actualizar el estado de las viviendas tras las evaluaciones técnicas, ni registrar los daños causados por las réplicas.Las autoridades territoriales señalaron, además, que los auxilios económicos asignados no han llegado a las familias y que su distribución entre municipios no ha sido homogénea. Así mismo, reportaron que faltan ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para las evaluaciones, las demoliciones y el retiro de escombros. Según los mandatarios, el cierre del registro el 4 de septiembre obligó a cargar la información antes de concluir las evaluaciones técnicas. A ello se suman más de 1.300 sismos asociados que han agravado el daño de las viviendas.La Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional, en particular ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que se garanticen los derechos de los damnificados en todos los municipios afectados. Para ello, instó a la UNGRD a abrir de manera extraordinaria y condicionada el RUD y la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN, y a permitir la actualización de la clasificación de las viviendas y el registro de los daños causados por las réplicas. Igualmente, a agilizar la entrega de los auxilios económicos, a expedir un reglamento para la entrega de ayudas, a coordinar el apoyo en ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, y a garantizar el enfoque diferencial étnico.
