En un firme paso hacia la consolidación del orden público, la seguridad ciudadana y el restablecimiento del principio de autoridad, el Gobierno nacional, por conducto del ministro del Interior, Rodrigo Lara, oficializó la publicación para comentarios del proyecto de decreto que faculta a la Policía Nacional para actuar de forma inmediata frente a actos de violencia o vandalismo en el marco de las movilizaciones. La iniciativa elimina la obligatoriedad de agotar instancias previas de diálogo cuando existan agresiones o afectaciones graves a la seguridad de los ciudadanos.
Criterios de intervención, orden público y proporcionalidad constitucional
Acción directa e inmediata de la Fuerza Pública: La normativa establece un marco legal claro para que la Policía intervenga de manera oportuna frente a desórdenes o vicios de violencia, superando las dilataciones que implicaban los esquemas de mediación previa en escenarios de flagrancia o vandalismo.
Definición precisa de vías de hecho: El Ministerio del Interior trazó una línea tajante entre la libre expresión ciudadana y el delito. Mientras que las incomodidades viales o las congestiones se reconocen como dinámicas propias de la marcha, la agresión a personas, la retención de ciudadanos, el bloqueo de emergencias médicas o el porte de armas se catalogan como conductas criminales impunes que exigen intervención policial inmediata.
Equilibrio de derechos y legalidad: La administración fue enfática en señalar que la reglamentación cumple con los requisitos de consulta y respeta las garantías constitucionales de los manifestantes pacíficos, protegiendo simultáneamente la tranquilidad, la movilidad y el patrimonio de quienes no forman parte de las protestas.
Postura oficial contra la violencia: El ministro Lara sintetizó la orientación estratégica del decreto bajo la premisa institucional: “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”.
Con este instrumento regulatorio, la administración del presidente Abelardo De La Espriella ratifica su compromiso irrestricto con la defensa de las instituciones, garantizando la movilización pacífica pero impidiendo tajantemente que el derecho a la protesta sea utilizado como salvoconducto para la violencia, el caos o la destrucción en las ciudades del país.
