La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, volvió a cuestionar las finanzas y la contratación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez a raíz del llamado de Naciones Unidas para que no se reduzcan los recursos destinados al tribunal de justicia transicional en el presupuesto de 2027.
A través de sus redes sociales, la congresista cuestionó el respaldo de la ONU y planteó interrogantes sobre la relación de cooperación entre la JEP y organismos del sistema de Naciones Unidas.
“¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis”, escribió Posada.
La senadora aseguró que entre 2018 y 2026 la JEP suscribió 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo valor, según sus cálculos, habría alcanzado los $182.120 millones.
Posada sostuvo además que, aunque en esos convenios el PNUD habría comprometido aportes por aproximadamente $132.943 millones, buena parte correspondería a aportes en especie. A partir de esas cifras, la congresista cuestionó cuál habría sido el costo efectivo asumido por el Estado colombiano.
La relación de cooperación entre la JEP y Naciones Unidas, sin embargo, no es nueva. La propia JEP reconoce dentro de su estrategia institucional la importancia de la cooperación internacional para apoyar el desarrollo de algunas de sus acciones. Además, documentos oficiales de la entidad registran convenios con el PNUD destinados, entre otros asuntos, al fortalecimiento de la participación de las víctimas y a medidas de prevención y protección.
El debate por el presupuesto de 2027
Las declaraciones de Posada se producen en medio de la discusión sobre el presupuesto de la JEP para 2027. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate una reducción de $170.000 millones para la entidad, dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación.
La decisión ha generado posiciones encontradas. Mientras sectores que respaldan el ajuste consideran que existen gastos que pueden reducirse, desde la JEP se ha advertido que una disminución de esa magnitud podría afectar el funcionamiento del tribunal.
Posada, por su parte, ha defendido públicamente una reducción del gasto de la JEP y ha cuestionado rubros relacionados con nómina, contratación, viajes, viáticos y otros gastos.
También cuestiona el gasto en sedes
La congresista volvió a poner sobre la mesa los gastos de arrendamiento de la JEP. Según las cifras que ha divulgado, la entidad habría contratado en 2024 una segunda sede por $10.730 millones, argumentando un crecimiento de su planta de personal hasta 1.455 funcionarios.
Posada compara esa cifra con la proyección realizada en 2017, cuando la Agencia Virgilio Barco habría contemplado una planta de 1.057 personas para la sede principal. Con base en esa comparación, la senadora cuestiona las decisiones administrativas que llevaron a la contratación de un segundo inmueble.
El debate sobre los costos de la JEP se suma así a la discusión más amplia sobre el futuro financiero de la justicia transicional y sobre el nivel de recursos que debería recibir para cumplir sus funciones.
Por ahora, el recorte de $170.000 millones hace parte del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y aún deberá surtir las etapas restantes en el Congreso.
Mientras avanza esa discusión, Posada mantiene sus cuestionamientos sobre la contratación y el manejo de recursos de la JEP, mientras que la entidad y sus defensores han advertido sobre las posibles consecuencias que tendría una reducción presupuestal para el cumplimiento de sus funciones.
