En una muestra de contundencia institucional y control territorial sobre el sistema penitenciario, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó los balances operacionales alcanzados en los primeros dos meses de gestión. Las acciones combinan una ofensiva sin precedentes para desarticular los centros de mando delictivos al interior de las cárceles con una aceleración histórica en las órdenes de extradición de objetivos de alta peligrosidad solicitados por la justicia internacional.
Régimen penitenciario de máxima seguridad, interdicción tecnológica y soberanía judicial
Operativos masivos de control y registro: Durante los primeros 50 días de gobierno, las autoridades penitenciarias y la Fuerza Pública ejecutaron 4.080 operativos de registro y control en los diferentes establecimientos carcelarios del país, restableciendo el orden interno y el principio de autoridad en los pabellones.
Neutralización de redes ilegales de comunicación: Como medida de choque para frenar las extorsiones y la coordinación de delitos desde los penales, el Ejecutivo llevó a cabo 10.716 desconexiones de redes eléctricas y de conectividad clandestinas que operaban al margen de la ley tras las rejas.
Traslados estratégicos de perfil de alto riesgo: Con el propósito de desmantelar las estructuras de mando de las bandas criminales en prisión, se hicieron efectivos 682 traslados de personas privadas de la libertad identificadas como factores de dinamización delictiva, reubicándolas bajo estrictos protocolos de máxima seguridad.
Cifra récord en materia de extradiciones: En apenas 53 días de administración, el jefe de Estado ha firmado 105 resoluciones de extradición, enviando a un número sin precedentes de peligrosos delincuentes a responder ante tribunales internacionales, principalmente de los Estados Unidos.
Línea de mando y determinación del Ejecutivo: Frente a los resultados obtenidos, el primer mandatario ratificó la doctrina de tolerancia cero y la supremacía de la ley en el sistema carcelario: “A los bandidos se les acabó la fiesta tras las rejas. Las cárceles no son centros de operaciones para el crimen. En las cárceles manda el Estado y la ley se cumple con rigor. Porque cuando el Estado se decide, nunca pierde”.
Los resultados consolidados en materia penitenciaria y judicial reafirman la determinación del Gobierno de la República por erradicar la impunidad, garantizando el imperio de la ley y devolviendo la tranquilidad a la ciudadanía en todo el territorio nacional
