Una nueva denuncia llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y pone bajo escrutinio la actuación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, frente a información relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La denuncia fue presentada por el activista judicial Daniel Páez Mancera, quien pidió investigar por qué la Fiscalía General de la Nación no habría compulsado copias a la autoridad competente sobre una serie de conversaciones que involucrarían al actual magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.
El caso está relacionado con unos chats revelados por la revista CAMBIO entre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD; Olmedo López, exdirector de la entidad, y Vladimir Fernández.
En las conversaciones aparece un intercambio que ha generado interrogantes dentro de la controversia. Según lo divulgado, Pinilla escribió que tenía que ir a “entregar” y posteriormente envió el signo “$”. Horas después, López le solicitó a Fernández la dirección de un apartamento y recibió como respuesta datos como “Primer piso”, “La señora sol” y “112 torre 2”. Esa información posteriormente habría sido remitida a Pinilla.
La denuncia presentada por Páez busca establecer si estos elementos debieron ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, teniendo en cuenta que Fernández, por su condición de magistrado de la Corte Constitucional, cuenta con fuero especial y una eventual investigación en su contra corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la decisión de la Fiscalía de no compulsar copias contra el magistrado.
La fiscal general Luz Adriana Camargo ha defendido esa determinación y ha sostenido públicamente que las conversaciones fueron analizadas fuera del contexto necesario para atribuirles una connotación penal. En declaraciones recientes, la funcionaria manifestó que, desde su perspectiva, en los mensajes no encontró elementos suficientes que justificaran la actuación.
Ahora, Páez solicita que se determine cómo fueron analizados esos chats, quiénes tuvieron acceso a la información, qué decisiones se adoptaron dentro del ente investigador y cuáles fueron las razones jurídicas para no remitir el material a la autoridad competente.
La controversia también llegó a la Corte Suprema de Justicia. Los representantes David Cote y Daniel Briceño, del Centro Democrático, solicitaron la recusación de Camargo frente a actuaciones relacionadas con el caso UNGRD y plantearon interrogantes sobre la información que reposaba en la Fiscalía y las decisiones adoptadas alrededor de ella.
La nueva denuncia pide a la Comisión de Acusación abrir una investigación preliminar, solicitar a la Fiscalía el expediente completo relacionado con el caso UNGRD y escuchar en declaración a la fiscal María Cristina Patiño, quien ha tenido a su cargo actuaciones dentro del proceso.
El objetivo será establecer la trazabilidad de la información y determinar si la Fiscalía actuó dentro de sus competencias al decidir no compulsar copias sobre los chats.
Por ahora, la existencia de las conversaciones no implica por sí misma la comisión de un delito por parte de las personas mencionadas. El alcance y la interpretación de esos mensajes son precisamente algunos de los asuntos que deberán ser esclarecidos en las actuaciones que eventualmente adelanten las autoridades competentes.
