En un hecho que ratifica el cerco diplomático y judicial internacional contra los involucrados en desfalcos al erario, el Departamento de Estado de los Estados Unidos canceló formalmente los visados de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres. La determinación de Washington responde a los reportes y documentos entregados en su momento por Abelardo De La Espriella al hoy subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en los que se expusieron redes de influencia e presuntos hechos de corrupción vinculados a la anterior administración nacional.
Alineación internacional, sanciones a la corrupción y postura del Ejecutivo
Efectividad de la lista de alertas entregada a Washington: La decisión del Departamento de Estado se enmarca en la solicitud elevada por De La Espriella durante su etapa como candidato, donde remitió un listado de más de 20 dirigentes políticos, exfuncionarios y empresarios señalados de afectar la institucionalidad y los recursos públicos. Entre los nombres incluidos figuran la senadora Peralta —investigada en el escándalo de la UNGRD— y el empresario Torres, financista de la campaña presidencial de 2022.
Firmes declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella: Tras confirmarse la revocatoria de los visados por parte del gobierno estadounidense, el primer mandatario celebró la contundencia de las medidas de interdicción diplomática: “Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua”.
Alcance de las advertencias sobre sanciones financieras: El Gobierno nacional recordó que las cancelaciones de visa constituyen apenas un primer paso en la cooperación con agencias multilaterales, advirtiendo que las personas reseñadas en estas investigaciones podrían enfrentar medidas severas como la inclusión en la Lista Clinton (OFAC) y el bloqueo de activos en el exterior.
Reacción de los involucrados: Ante la sanción impuesta por las autoridades norteamericanas, la senadora Martha Peralta afirmó no haber sido notificada por vías oficiales y solicitó la intervención de la Cancillería para pedir aclaraciones, sosteniendo que continuará en el ejercicio de sus funciones.
La medida del Gobierno de los Estados Unidos reafirma la solidez del frente común entre Bogotá y Washington en la persecución de los delitos contra la administración pública, demostrando que la impunidad ya no encuentra amparo en la esfera internaciona
