En una muestra categórica de coherencia con la política de tolerancia cero frente a los beneficios carcelarios y las prerrogativas injustificadas para los condenados por la justicia, el Ejecutivo nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dispusieron el reingreso inmediato del exsenador Antonio Guerra de la Espriella al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Bogotá (La Picota). La determinación institucional echa por tierra las especulaciones sobre supuestos tratos de favor y reafirma la premisa presidencial de que no habrá distinción ni complacencia con ningún privado de la libertad.
Rigor penitenciario, desmentido a acusaciones opositoras e igualdad ante la ley
Claridad frente al lugar de reclusión: El Ministerio de Justicia y el INPEC desmintieron formalmente las versiones promovidas por sectores de oposición según las cuales el procesado disfrutaba de beneficios en un cantón militar. La cartera penal precisó que el excongresista permanecía bajo custodia estricta en el establecimiento carcelario de Sincelejo (La Vega) y no en una guarnición del municipio de Corozal.
Orden de traslado a Bogotá: Para despejar cualquier intento de manipulación política o duda procesal, la autoridad penitenciaria hizo efectiva la orden de traslado de Guerra de la Espriella a la capital del país, garantizando que cumpla su detención bajo los estándares ordinarios de máxima seguridad en La Picota.
Coherencia con la doctrina del Ejecutivo: Esta actuación ratifica lo manifestado por el presidente Abelardo De La Espriella en sus alocuciones al país, donde advirtió de manera tajante que la administración penal no tolerará el ausentismo carcelario, las detenciones hospitalarias ficticias ni los privilegios en instalaciones militares para políticos o dignatarios: la ley se aplica con el mismo rigor para todos los colombianos sin importar apellidos o afinidades.
Con la ejecución de esta medida, el Gobierno de la República demuestra con hechos que el rigor penal se mantiene firme, desmantelando los discursos que pretenden sembrar sospechas infundadas sobre el sistema penitenciario del país.
