Una decisión judicial, varias sesiones del Senado y una reforma pensional de por medio. Esa es la secuencia que volvió a poner bajo la lupa el papel que desempeñó María José Pizarro durante el trámite de una de las principales iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro en 2024.
El interrogante surgió a partir de la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección de Pizarro como primera vicepresidenta del Senado y de las referencias que aparecen sobre ella en la decisión que, en primera instancia, decretó la pérdida de investidura del entonces presidente del Senado, Iván Name.
La explicación jurídica de por qué Pizarro continuó actuando como vicepresidenta y llegó a presidir varias plenarias está relacionada con un elemento clave: la sentencia que anuló su elección no quedó ejecutoriada inmediatamente después de ser proferida.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección porque consideró que el Pacto Histórico, colectividad a la que pertenecía Pizarro, era la fuerza con mayor representación en el Senado y, por esa razón, no podía ocupar la primera vicepresidencia, posición que corresponde a una fuerza minoritaria.
Sin embargo, la decisión adquirió firmeza meses después.
La elección que terminó en los tribunales
El 20 de julio de 2023, el Senado eligió a Iván Leónidas Name como presidente, a María José Pizarro como primera vicepresidenta y a Didier Lobo como segundo vicepresidente para la legislatura 2023-2024. La elección fue anunciada oficialmente por el propio Senado.
Pizarro obtuvo 55 votos y quedó integrada a la Mesa Directiva junto con Name y Lobo.
El problema jurídico se originó en la interpretación de las reglas que regulan la participación de las minorías en las mesas directivas del Congreso.
El artículo 40 de la Ley 5 de 1992 establece reglas sobre la participación de las fuerzas minoritarias en esas posiciones. Al revisar la elección, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que Pizarro no podía ocupar la primera vicepresidencia porque pertenecía al Pacto Histórico, que en ese momento era la fuerza con mayor número de curules en el Senado.
Por eso, el alto tribunal declaró la nulidad de su elección.
Pero ahí apareció una diferencia fundamental entre que una decisión judicial sea proferida y que quede ejecutoriada.
¿Qué ocurrió el 7 de marzo de 2024?
El Consejo de Estado profirió la decisión el 7 de marzo de 2024.
La sentencia determinó que la elección de Pizarro como primera vicepresidenta debía ser anulada, mientras que mantuvo la legalidad de las elecciones de Iván Name como presidente y Didier Lobo como segundo vicepresidente.
A primera vista, esto podría llevar a pensar que desde ese mismo día Pizarro dejó de tener cualquier posibilidad de actuar como integrante de la Mesa Directiva.
Pero jurídicamente no ocurrió así.
La decisión todavía tenía que surtir las actuaciones procesales correspondientes antes de quedar en firme.
Y ese detalle es determinante para entender lo que sucedió durante las semanas siguientes.
Pizarro continuó presidiendo sesiones
Mientras la decisión avanzaba hacia su ejecutoria, Pizarro continuó ejerciendo las funciones correspondientes a la primera vicepresidencia.
El propio Senado la identificaba en febrero de 2024 como integrante de la Mesa Directiva, junto con Name y Didier Lobo.
Posteriormente, durante el trámite de la reforma pensional, Pizarro asumió en diferentes oportunidades la conducción de la plenaria ante las ausencias del presidente Iván Name.
La reforma había comenzado a ser discutida formalmente en el Senado a comienzos de abril. El 2 de abril, por ejemplo, la plenaria inició el debate del proyecto que establecía el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.
En las sesiones siguientes, Pizarro llegó a presidir la plenaria.
Ese hecho aparece ahora nuevamente en el debate público debido a la sentencia del Consejo de Estado sobre la pérdida de investidura de Name, en la que el nombre de Pizarro aparece 85 veces, según reportes sobre la providencia.
Las referencias a Pizarro están relacionadas principalmente con los momentos en que terminó asumiendo la conducción de las sesiones durante las ausencias de Name.
La reforma pensional y las sesiones decisivas
El trámite de la reforma pensional se desarrolló durante abril de 2024.
La discusión avanzó en medio de fuertes diferencias entre las bancadas y múltiples proposiciones sobre el contenido del proyecto. El Senado registró oficialmente que durante el debate se discutieron artículos centrales de la iniciativa, entre ellos el umbral de cotización a Colpensiones.
El 23 de abril, la plenaria terminó de aprobar el articulado de la reforma pensional y el proyecto pasó a la Cámara de Representantes. El Senado confirmó oficialmente la aprobación al día siguiente.
Pizarro presidió algunas de esas sesiones.
Este punto es importante porque el debate actual no gira únicamente alrededor de la nulidad de su elección, sino sobre cómo y por qué pudo continuar ejerciendo las funciones de vicepresidenta mientras el fallo todavía no estaba ejecutoriado.
El dato que cambia la historia: 31 de julio
El propio Consejo de Estado precisó posteriormente cuándo quedaron en firme las decisiones relacionadas con la Mesa Directiva.
De acuerdo con la información oficial del alto tribunal, las decisiones quedaron legalmente ejecutoriadas el 31 de julio de 2024 a las 5:00 de la tarde.
Eso significa que entre la sentencia del 7 de marzo y la ejecutoria del 31 de julio transcurrieron varios meses.
En ese intervalo ocurrió prácticamente todo el trámite de la reforma pensional en el Senado.
La plenaria comenzó a discutir el proyecto en abril y lo aprobó el 23 de abril de 2024.
Por tanto, cuando Pizarro presidió las sesiones relacionadas con esa reforma, la decisión que había declarado nula su elección todavía no había quedado ejecutoriada.
Ese es el elemento que explica, desde el punto de vista procesal, por qué continuó ejerciendo las funciones asociadas al cargo durante ese periodo.
¿Qué dice Pizarro sobre las 85 menciones?
La controversia tomó fuerza nuevamente después de conocerse la decisión del Consejo de Estado sobre Iván Name.
Pizarro respondió públicamente a las referencias que aparecen sobre ella y negó cualquier relación con las conductas por las que Name perdió su investidura.
La exsenadora sostuvo que actuó dentro de las funciones que tenía como primera vicepresidenta y recordó que, conforme al artículo 45 de la Ley 5 de 1992, los vicepresidentes sustituyen al presidente cuando este se encuentra ausente o no puede ejercer sus funciones.
Según su explicación, eso fue precisamente lo que hizo durante las sesiones en las que terminó presidiendo la plenaria.
También negó haber tenido conocimiento o participación en las actuaciones atribuidas a Name.
La cantidad de veces que aparece mencionada en la sentencia —85, según reportes sobre la providencia— no equivale por sí misma a una imputación o sanción en su contra. Las referencias están relacionadas con la reconstrucción de las sesiones y con su participación como vicepresidenta en la conducción de la plenaria.
¿Qué encontró el Consejo de Estado sobre Name?
La aparición de Pizarro en la sentencia está vinculada a la reconstrucción que hizo el Consejo de Estado de la actuación de Iván Name durante el trámite de la reforma pensional.
Según reportes sobre la decisión, el tribunal examinó 16 sesiones relacionadas con la discusión del proyecto y estableció que Name dejó de ejercer directamente la presidencia en 14 de ellas, mientras Pizarro asumió la conducción en varias oportunidades.
Ese análisis forma parte de la valoración realizada dentro del proceso contra Name.
La situación de Pizarro es distinta: ella no es la persona sancionada por esa decisión de pérdida de investidura.
De hecho, su nombre aparece en el fallo en el contexto de las sesiones que presidió y de la manera en que se desarrolló el trámite legislativo.
Una diferencia jurídica que ha generado el debate
La controversia tiene entonces dos momentos que no deben confundirse.
El primero es la sentencia del 7 de marzo de 2024 que anuló la elección de Pizarro como primera vicepresidenta.
El segundo es la ejecutoria de esa decisión, que ocurrió el 31 de julio de 2024.
Entre ambos acontecimientos, Pizarro continuó desempeñando las funciones de la vicepresidencia y participó en la conducción de sesiones del Senado, entre ellas varias relacionadas con la reforma pensional.
La reforma fue aprobada por la plenaria el 23 de abril de 2024, varios meses antes de que la nulidad de su elección quedara ejecutoriada.
Por eso, la pregunta de por qué continuó presidiendo sesiones pese al fallo tiene una respuesta esencialmente procesal: la decisión que anuló su elección aún no estaba en firme cuando ocurrieron esas sesiones.
Un episodio que vuelve al centro del debate político
Más de dos años después, el caso regresó a la discusión pública debido a la sentencia relacionada con Iván Name y a las 85 menciones de Pizarro dentro de esa providencia.
El episodio permite reconstruir una etapa particularmente intensa del Senado: mientras se discutía una de las principales reformas del Gobierno Petro, una sentencia ya había declarado nula la elección de quien ocupaba la primera vicepresidencia, pero esa decisión todavía no había adquirido firmeza.
La reforma pensional terminó siendo aprobada por el Senado el 23 de abril de 2024 y continuó posteriormente su trámite legislativo.
El caso deja así una cronología precisa: Pizarro fue elegida primera vicepresidenta el 20 de julio de 2023; el Consejo de Estado anuló su elección el 7 de marzo de 2024; ella continuó presidiendo sesiones durante abril, incluida la etapa decisiva del debate pensional; y la decisión quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2024.
Esa diferencia entre la fecha de la sentencia y la fecha de su ejecutoria es la pieza clave para entender por qué María José Pizarro siguió ocupando temporalmente la vicepresidencia y presidiendo sesiones del Senado después de que el Consejo de Estado había declarado nula su elección.
