El representante a la Cámara Simón Molina, del movimiento Creemos y vicepresidente de esa corporación, pidió que se investigue el eventual papel de otros congresistas dentro del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La solicitud se conoció este lunes 28 de septiembre, luego de la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, en un proceso relacionado con el escándalo de la UNGRD.
Uno de los nombres que aparece mencionado en el expediente es el de la entonces senadora María José Pizarro. Según lo divulgado por Semana, su nombre figura en 85 oportunidades dentro de la documentación analizada por el alto tribunal. La publicación también señala que Pizarro asumió en varias ocasiones la Presidencia del Senado durante debates de la reforma pensional.
A partir de estos elementos, Molina sostuvo que las autoridades deben establecer si existió alguna participación indebida de otros integrantes del Congreso.
“Lo que tenemos que exigir todos es que se esclarezcan los hechos y que se revise si hubo también participación indebida de otros congresistas, como María José Pizarro”, manifestó Molina en un video difundido en sus redes sociales.
El representante agregó que, a su juicio, existen interrogantes que deben ser esclarecidos dentro del caso y pidió que se revise la actuación de los congresistas que tuvieron participación en los debates y decisiones relacionados con las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Pizarro niega cualquier vínculo
María José Pizarro ha rechazado cualquier relación con las actuaciones atribuidas a Iván Name y ha sostenido que no tuvo conocimiento ni participación en los hechos investigados.
La exsenadora afirmó públicamente: “No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name”, y señaló que no permitirá que se le vincule con hechos en los que, según su versión, no tuvo participación ni conocimiento.
Es importante precisar que la aparición de un nombre dentro de un expediente judicial no implica, por sí misma, responsabilidad penal o disciplinaria. En el caso de Pizarro, la solicitud de Molina corresponde a un llamado para que se determine si hubo alguna conducta irregular, no a una conclusión judicial sobre su responsabilidad.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio las actuaciones de distintos congresistas que tuvieron participación en el trámite de las reformas del Gobierno y las denuncias sobre el supuesto uso de recursos de la UNGRD para obtener respaldo político. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y deberá sustentarse en las pruebas que sean recaudadas.
La controversia queda ahora en manos de las autoridades encargadas de establecer si existen elementos que ameriten nuevas investigaciones.
