En una decisión de personal que genera interrogantes sobre la continuidad de investigaciones clave contra antiguos mandos de la Fuerza Pública, la administración del procurador general Gregorio Eljach declaró la insubsistencia de la procuradora delegada para las Fuerzas Militares, María Paola Suárez. La desvinculación se produjo de manera concomitante con los trámites que adelantaba dicha dependencia para encausar la fase de juicio disciplinario en contra del teniente coronel Sammy Rodríguez, exedecán del expresidente Gustavo Petro, investigado por presunto acoso sexual y abuso de autoridad.
Anomalías procesales, ascensos bajo sospecha e inquietud institucional
Declaratoria de insubsistencia y estancamiento del proceso: La remoción de Suárez se dio mientras su despacho procuraba subsanar los señalamientos de la Procuraduría de Juzgamiento, la cual devolvió el expediente alegando un supuesto “yerro jurídico” sobre la línea jerárquica de la oficial denunciante por hechos ocurridos en la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga. Con la salida de la delegada, el proceso disciplinario queda en la incertidumbre institucional.
Reubicación presupuestal y ascensos controvertidos: Pese a las acusaciones registradas por presunta violencia de género y conducta indebida en el servicio, el oficial implicado logró ascender de rango y fue asignado como Oficial de Logística de la Brigada 16 en Yopal, posición desde la cual administra partidas presupuestales de esa unidad militar.
Impacto en el clima y la disciplina de las Fuerzas Militares: La falta de celeridad en las investigaciones disciplinarias y la imprevista salida de la funcionaria encargada de impulsar el pliego de cargos incrementan el descontento al interior de las Fuerzas Armadas, desincentivando las denuncias por presuntas conductas de acoso o violencia de género en las filas.
El seguimiento de esta causa por parte de los organismos de control resulta indispensable para salvaguardar la transparencia en los ascensos de la Fuerza Pública, garantizar los derechos de las víctimas y evitar que componendas del pasado impidan la aplicación rigurosa del régimen disciplinario militar.
