La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes continúa enfrentando dificultades para avanzar en el trámite de los procesos que tiene a su cargo. Según denunció el representante Daniel Briceño, integrante de esa célula legislativa, la falta de recursos mantiene paralizado el reparto de nuevos expedientes y afecta investigaciones contra altos funcionarios y exfuncionarios del Estado.
Briceño aseguró que, transcurridos más de dos meses desde la instalación del nuevo Congreso, todavía no se ha podido realizar el reparto de los procesos entre los representantes que asumieron sus curules el pasado 20 de julio.
“Hoy, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cumple dos años de completa parálisis”, afirmó el congresista, quien cuestionó que la situación persista mientras permanecen abiertas investigaciones de especial interés público.
De acuerdo con la denuncia del representante, más de 2.400 investigaciones permanecen pendientes de reparto y, por esa razón, no cuentan actualmente con un representante investigador asignado. La cifra señalada por Briceño contrasta con el dato entregado por el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, quien en agosto informó que el organismo tenía alrededor de 2.540 procesos activos.
La propia Cámara de Representantes registra resoluciones mediante las cuales se han suspendido términos judiciales y la atención al público de la Comisión de Investigación y Acusación, incluida una resolución expedida el 11 de septiembre de 2026.
Procesos contra altos funcionarios
La Comisión tiene una función constitucional relacionada con la investigación y acusación ante el Senado de altos funcionarios del Estado. Entre los aforados cuyo comportamiento puede ser objeto de conocimiento de esta instancia se encuentran el presidente de la República, magistrados de las altas cortes y otros altos dignatarios.
La página oficial de la Cámara señala que entre los procedimientos de la Comisión se encuentran la recepción y distribución de expedientes, la práctica y distribución de pruebas y el trámite de los procesos penales, disciplinarios y fiscales.
Briceño sostuvo que dentro del universo de expedientes pendientes existen más de 200 relacionados con el expresidente Gustavo Petro. Esta cifra y las demás denunciadas por el congresista corresponden a su reporte sobre el estado actual de la Comisión.
“En un momento en donde salen evidencias de graves omisiones de altos funcionarios por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Comisión tiene los términos suspendidos y se encuentra completamente quieta”, manifestó.
El representante pidió a la Mesa Directiva de la Cámara y al Gobierno nacional adoptar medidas para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del organismo.
Cuenca ya había advertido sobre la falta de recursos
La preocupación por la situación presupuestal no fue planteada únicamente por Briceño. En agosto, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Carlos Cuenca, dirigió una comunicación al Ministerio de Hacienda para solicitar recursos que permitieran garantizar el funcionamiento de la dependencia.
Cuenca señaló que la Comisión necesitaba contar con presupuesto para atender oportunamente los procesos constitucionales y legales que tiene bajo su responsabilidad y advirtió sobre la existencia de miles de expedientes activos.
El representante recordó además que el funcionamiento de esta célula legislativa está relacionado con las competencias establecidas en el artículo 178 de la Constitución Política.
Un problema que afecta el trámite de las investigaciones
La situación ocurre mientras la Comisión tiene bajo su conocimiento denuncias y expedientes relacionados con distintos altos funcionarios. La Cámara, además, mantiene información pública sobre su actividad y sobre las decisiones administrativas relacionadas con la suspensión de términos.
Briceño considera que la demora puede afectar el avance de investigaciones que requieren actuaciones dentro de los términos establecidos por la ley. Su llamado apunta a que se asignen los recursos necesarios para reactivar el reparto de expedientes y permitir que los representantes investigadores asuman formalmente los casos que les correspondan.
“Le pedimos a la Presidencia de la Cámara de Representantes y al Gobierno nacional destrabar la Comisión de Acusaciones mediante la asignación de los recursos para su funcionamiento”, afirmó el congresista.
Por ahora, la discusión se concentra en la disponibilidad presupuestal, la suspensión de términos y la capacidad operativa de una comisión que tiene entre sus responsabilidades investigar a algunos de los funcionarios de mayor rango del Estado.
La Cámara mantiene publicada la estructura y documentación de la Comisión, mientras que el perfil oficial de Briceño confirma que el representante hace parte de esta célula legislativa durante el periodo constitucional 2026-2030.
