El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella reveló nuevos hallazgos de la auditoría integral que adelanta en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, luego de revisar proyectos, recursos y contratos correspondientes a la administración del expresidente Gustavo Petro.
Los resultados fueron presentados por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien aseguró que los hallazgos relacionados con posibles irregularidades ya fueron trasladados a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
Uno de los principales focos de la revisión está relacionado con los proyectos de agua y saneamiento básico. De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, los auditores encontraron una planta en La Guajira cuyo costo supera los $8.000 millones y que, según el actual Ministerio, no tendría garantizada una fuente de captación cercana.
La auditoría también puso bajo revisión 42 proyectos de agua y saneamiento que representan recursos por más de $1,14 billones. De ese conjunto, el Gobierno reportó que 23 presentarían deficiencias técnicas.
El dato cobra relevancia porque esos 42 proyectos habían sido respaldados durante la administración anterior mediante un esquema de inversión que contemplaba recursos por $1,14 billones para obras de agua potable, saneamiento básico y aseo en diferentes regiones del país. En octubre de 2025, el entonces Gobierno de Petro había anunciado el aval fiscal para estos proyectos, destinados a 37 municipios de 17 departamentos.
Viviendas que no aparecen después de cuatro años
La revisión también encontró cuestionamientos en proyectos de vivienda.
Según el informe presentado por el Gobierno actual, en Cauca y Nariño fueron asignados más de $60.000 millones para la construcción de 327 viviendas que, de acuerdo con la auditoría, no han sido construidas pese a que han transcurrido cuatro años desde la asignación de los recursos.
El Ministerio agregó que, en esos proyectos, se registraron aproximadamente $143 millones en gastos de interventoría.
Otro caso bajo revisión corresponde al departamento de Caquetá, donde se habrían comprometido más de $3.200 millones para 36 soluciones habitacionales. Según el Gobierno, la auditoría encontró indicios de que un mismo inmueble habría sido utilizado para justificar varias viviendas.
Estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades encargadas de determinar si existieron irregularidades administrativas, fiscales o eventualmente penales.
Aumentó el gasto en contratación
Otro de los aspectos cuestionados por el ministro Beltrán es el comportamiento de la contratación por prestación de servicios.
Según las cifras divulgadas por la Presidencia, este tipo de gasto habría aumentado en más de 80 %, al pasar de aproximadamente $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.
El Gobierno solicitó a los organismos de control revisar el destino de esos recursos y establecer si existieron responsabilidades relacionadas con su utilización.
Beltrán cuestionó que el aumento de los recursos destinados a contratación no necesariamente se hubiera traducido, según su diagnóstico, en resultados concretos para las comunidades.
“¿Cuántos son los resultados concretos que dejaron estos recursos? ¿Y cuánto de esa plata realmente llegó a solucionar las necesidades de los colombianos?”, planteó el funcionario.
El Gobierno habla de posibles ‘elefantes blancos’
El ministro aseguró que la auditoría busca establecer qué ocurrió con los recursos destinados a proyectos que, según los primeros resultados, permanecen inconclusos o no habrían cumplido con los objetivos para los que fueron financiados.
Beltrán señaló que existen recursos comprometidos en proyectos que podrían convertirse en “elefantes blancos”, al tiempo que familias vulnerables continúan esperando soluciones de vivienda y acceso a agua potable.
La situación coincide con advertencias que el propio Ministerio había realizado días atrás ante el Congreso. El 22 de septiembre, Beltrán sostuvo que la entidad enfrenta una situación fiscal compleja y cuestionó que recursos enviados a fiducias fueran contabilizados como ejecución presupuestal mientras permanecían proyectos sin resolver.
Además, el Ministerio ha informado recientemente sobre proyectos que permanecían estancados en diferentes regiones. En La Guajira, por ejemplo, el Gobierno anunció el 17 de septiembre la reactivación de inversiones y soluciones habitacionales, entre ellas la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez, en Fonseca, un proyecto programado entre 2022 y 2023 que contempla 200 viviendas, de las cuales solo 20 habían sido construidas.
Hallazgos deberán ser investigados
El Gobierno Nacional ha insistido en que las auditorías hacen parte de la revisión ordenada por De La Espriella sobre la gestión recibida de la administración anterior.
El presidente había ordenado a las entidades estatales realizar auditorías forenses para identificar posibles inconsistencias, faltantes, riesgos, irregularidades y eventuales hechos de corrupción.
Sin embargo, los hallazgos de una auditoría no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal o fiscal. Corresponderá a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría u otras autoridades competentes, según el caso, determinar si hubo conductas irregulares y establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
Mientras avanzan esas investigaciones, el Ministerio de Vivienda asegura que su prioridad es recuperar la capacidad de ejecución de la entidad y destrabar los proyectos que permanecen pendientes, especialmente aquellos relacionados con agua potable, saneamiento básico y vivienda para población vulnerable.
