La senadora María Clara Posada lanzó un señalamiento contra funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a quienes atribuyó una supuesta estrategia para buscar respaldo entre comparecientes de la Fuerza Pública con el propósito de frenar el recorte presupuestal de $170.000 millones que avanza en el Congreso.
Según afirmó la congresista, habría recibido información sobre funcionarios de la JEP que estarían solicitando a integrantes de la Fuerza Pública sometidos a esa jurisdicción acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares frente a los efectos que tendría la reducción de recursos.
La denuncia fue formulada en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate una reducción de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la JEP. De ese monto, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión.
Posada sostuvo que, de acuerdo con la información que recibió, a los comparecientes se les estaría planteando que un eventual recorte podría afectar el funcionamiento de la jurisdicción y llevar algunos procesos hacia la justicia ordinaria, escenario que, según la senadora, estaría siendo utilizado para generar presión en contra de la decisión presupuestal.
“De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un tribunal”, afirmó la congresista, al cuestionar lo que considera una eventual utilización de los comparecientes para defender los recursos de la entidad.
La senadora también rechazó la posibilidad de que la JEP deje de funcionar como consecuencia del ajuste presupuestal y planteó que existen rubros en los que podrían hacerse reducciones.
Según sus cálculos, un recorte del 10 % en gastos de nómina y personal supernumerario permitiría liberar alrededor de $40.637 millones. A esto sumó una reducción del 50 % en adquisición de bienes y servicios, por unos $89.078 millones, y otro ajuste del 50 % en gastos de inversión que calificó como suntuosos, entre ellos contrataciones, viajes, viáticos y publicaciones, con un ahorro estimado de $41.082 millones.
La posición de la senadora contrasta con la advertencia expresada públicamente por integrantes de la JEP durante la discusión presupuestal. El magistrado Raúl Sánchez señaló ante las comisiones económicas que el recorte podría afectar actividades como las audiencias territoriales, las medidas de seguridad para víctimas y la atención a comparecientes.
El debate también se ha trasladado al escenario internacional. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha cuestionado las medidas presupuestales y ha informado a organismos internacionales sobre las iniciativas que avanzan alrededor de la jurisdicción.
Por ahora, la acusación de Posada sobre una supuesta presión de funcionarios de la JEP hacia comparecientes de la Fuerza Pública corresponde a un señalamiento realizado por la congresista y no a una conducta establecida judicialmente. No se ha presentado en la información conocida una decisión de autoridad que confirme esas actuaciones.
El recorte de $170.000 millones tampoco es todavía definitivo. Aunque fue aprobado en primer debate, el Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá continuar su trámite en las plenarias del Congreso, donde el contenido puede ser modificado. El monto global del proyecto ronda los $634,9 billones.
