La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declaró su falta de competencia e inhibición para investigar al exministro Armando Benedetti en relación con la presunta red de recomendaciones y presiones para la asignación de cargos, ascensos y traslados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Al determinarse que las actuaciones denunciadas ocurrieron cuando el investigado ya no ostentaba la calidad de congresista, el alto tribunal ordenó el traslado inmediato del expediente completo a la Fiscalía General de la Nación para que asuma la indagación correspondiente en la justicia ordinaria.
Pérdida de fuero, investigación en la Fiscalía y depuración institucional
Remisión a la justicia ordinaria por temporalidad del fuero: La decisión del alto tribunal se fundamenta en que las conductas atribuidas a Benedetti habrían tenido lugar en un periodo posterior a su ejercicio como senador de la República, por lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación evaluar el acervo probatorio y determinar si existen méritos para abrir un proceso penal por presunto tráfico de influencias u otros delitos contra la administración pública.
Origen de las denuncias en la DIAN: El proceso tuvo su origen en las revelaciones e informes entregados por el exdirector de la entidad, Luis Carlos Reyes, quien expuso ante las autoridades la existencia de presiones y gestiones indebidas por parte de dirigentes políticos, exfuncionarios y parlamentarios para incidir en la nómina de la administración tributaria.
Archivadas investigaciones a 32 congresistas: De manera paralela, la Corte Suprema de Justicia dispuso el archivo de las indagaciones seguidas contra 32 congresistas mencionados en el mismo expediente, al no encontrar elementos de juicio suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia respecto a las supuestas injerencias en la entidad.
Con el traspaso del caso a la Fiscalía, el sistema judicial reafirma el principio de legalidad y la delimitación de competencias, mientras que las autoridades competentes avanzarán en el esclarecimiento de cualquier irregularidad que atente contra la transparencia y la probidad en la función pública.
