En una iniciativa legislativa orientada al fortalecimiento de la institucionalidad, la equidad en el juzgamiento y el fin de los privilegios judiciales para excombatientes de organizaciones armadas, el senador por Salvación Nacional, Enrique Gómez, radicó formalmente un proyecto de acto legislativo que busca evitar la prórroga del mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a partir del año 2028. La propuesta plantea el desmantelamiento gradual del tribunal transicional y la transferencia inmediata de todas sus investigaciones y expedientes a los jueces y fiscales del sistema de justicia ordinaria.
Fin de la impunidad, retorno a la justicia ordinaria y optimización de recursos
Cuestionamientos a la impunidad y la simulación de penas: Durante la radicación de la iniciativa en la corporación parlamentaria, el legislador argumentó la necesidad de poner término a un esquema judicial que ha generado descontento social e insatisfacción en el resarcimiento a las víctimas: “La JEP se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las FARC y a garantizar una simulación de penas. Ese acuerdo de la JEP está orientado a amnistiar lo inamnistiable”.
Reordenamiento constitucional e igualdad ante la ley: El articulado plantea restablecer la competencia exclusiva e integral de la Rama Judicial ordinaria (Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación) para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, garantizando que todos los procesados se sometan a penas privativas de la libertad proporcionales y bajo el rigor del Código Penal.
Alineación con la austeridad y la responsabilidad fiscal: La propuesta legislativa se sintoniza con las recientes directrices del Ejecutivo nacional en materia de revisión del gasto público y recortes presupuestales a entidades u organismos que demandan ingentes recursos del Tesoro público sin entregar resultados efectivos de justicia, reparación e investigación de la verdad histórica.
El trámite de este acto legislativo abre un debate fundamental en el Congreso de la República sobre la vigencia del sistema de justicia transicional, reafirmando el compromiso de los sectores constitucionales por garantizar una justicia verdadera, la prevalencia del Estado de Derecho y el fin de las concesiones judiciales injustificadas
