El Ministerio de Hacienda solicitó este miércoles a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia que avaló buena parte de la reforma pensional y estableció el 1 de abril de 2027 como fecha para la entrada en vigencia de las disposiciones declaradas exequibles.
La cartera argumentó que la implementación de la Ley 2381 de 2024 podría generar requerimientos adicionales para Colpensiones por cerca de $5 billones, recursos que, según el Ministerio, deben ser compatibles con el espacio fiscal disponible y con las demás obligaciones del Estado.
MinHacienda también señaló que cuando se conoció el sentido del fallo, el Gobierno ya había estructurado el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por lo que, según su planteamiento, no existía certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la decisión al momento de elaborar el presupuesto.
La solicitud se conoce un día después de que Colpensiones pidiera aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma. La entidad argumentó que necesita más tiempo para completar ajustes tecnológicos, operativos, financieros e institucionales y garantizar una transición ordenada.
Así, la fecha fijada por la Corte para la implementación de la reforma queda nuevamente en el centro del debate, ahora por las advertencias sobre su impacto presupuestal y las dificultades que las entidades encargadas señalan para ponerla en marcha.
