En una acción orientada a blindar la estabilidad macroeconómica de la Nación y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales de disciplina fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicará formalmente ante la Sala Plena de la Corte Constitucional la solicitud de apertura de un Incidente de Impacto Fiscal frente a los efectos de la Sentencia C-264 de 2026, vinculada a la implementación del marco pensional. La solicitud, suscrita por el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez dentro del expediente D-15989, busca que el alto tribunal pondere, modere o difiera las implicaciones económicas del fallo antes del 1 de abril.
Fundamentación constitucional, vigencia de la norma y protección de la sostenibilidad fiscal
Mecanismo de origen constitucional y obligatoriedad: El recurso legal elevado ante la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera se ampara en el artículo 334 de la Constitución Política —modificado por el Acto Legislativo 03 de 2011— y en la Ley 1695 de 2013. Esta normativa faculta a los ministros del despacho a solicitar el trámite obligatorio del incidente cuando las decisiones de las altas cortes generen efectos económicos que comprometan la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
Mitigación de riesgos fiscales para el Tesoro Nacional: Con esta medida, la administración del presidente Abelardo De La Espriella actúa con responsabilidad macroeconómica para evitar presiones sobre el gasto público que puedan menoscabar la estabilidad financiera del país. El Gobierno nacional pretende que el tribunal constitucional defina un plan gradual de modulación que ajuste la entrada en vigencia del esquema pensional a las realidades presupuestales del Estado.
Prevalencia del marco macroeconómico y la regla fiscal: La iniciativa gubernamental reafirma el compromiso de la cartera de Hacienda con la protección del erario público, asegurando que la ejecución de sentencias judiciales se desarrolle bajo esquemas técnica y financieramente viables sin alterar los equilibrios del presupuesto general de la Nación.
El inicio de este incidente procesal ante la Corte Constitucional abre una etapa de concertación técnica indispensable para garantizar la certidumbre jurídica, la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad económica a largo plazo del sistema pensional colombiano
