Indalecio Dangond cuestionó la contratación y ejecución de recursos que encontró al asumir el cargo y aseguró que algunas decisiones de la administración anterior generaron un fuerte impacto en las entidades del sector agropecuario.
Una fuerte controversia se generó este martes en el Congreso luego de que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, expusiera durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado las condiciones administrativas y financieras que, según afirmó, encontró al asumir la cartera.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la cantidad de asesores vinculados al Ministerio de Agricultura. Dangond aseguró ante los congresistas que recibió 25 asesores con honorarios de alrededor de $12 millones mensuales cada uno, contratos que atribuyó a la anterior administración de la ministra Martha Carvajalino.
“No los conozco, no los quiero conocer y no los necesito”, manifestó el funcionario al referirse a los contratistas. Según Dangond, mantener esa estructura representa una carga que no corresponde a las necesidades de los productores del campo.
El ministro también cuestionó la reducción del presupuesto del sector para 2027. Aunque señaló que la cartera tendrá una disminución cercana al 32 %, sostuvo que el recorte se concentró en entidades donde, desde su perspectiva, durante los últimos cuatro años se presentaron mayores niveles de gasto que consideró injustificados.
“¿Por qué no me molesta que hayan recortado el presupuesto en un 32 %?”, planteó durante su intervención, antes de cuestionar el manejo de los recursos en el Ministerio, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Agricultura, el presupuesto de la cartera para 2027 pasaría de aproximadamente $4,1 billones a $2,7 billones, una reducción del 32 %. El propio Dangond había explicado días atrás que el objetivo inicial será reorganizar las finanzas y posteriormente impulsar nuevos proyectos de inversión.
Cuestionamientos a la Agencia de Desarrollo Rural
Otro de los episodios expuestos por el ministro involucró a César Pachón, quien estuvo al frente de la Agencia de Desarrollo Rural.
Dangond aseguró que la ADR sufrió una reducción presupuestal del 41 % y relató que, pocos días después de asumir el cargo, tuvo que desplazarse hasta la entidad acompañado por la Policía debido a una situación que, según su versión, estaba relacionada con actuaciones administrativas que se adelantaban durante un fin de semana.
El funcionario afirmó que esa intervención le permitió evitar el desembolso de $292.000 millones, aunque no entregó en su intervención todos los detalles documentales sobre las actuaciones que motivaron su denuncia.
También cuestionó un contrato por aproximadamente $10.400 millones, relacionado con la vigilancia de la represa de Ranchería, al considerar que se mantuvo durante cuatro años sin que, según su versión, la infraestructura fuera puesta en operación.
“Fincas sin papeles y desnudas”
Dangond también cuestionó la política de compra y entrega de tierras desarrollada durante la administración anterior.
El ministro resumió parte de las dificultades que, según dijo, encontró con la expresión “fincas sin papeles y desnudas”. Su crítica se centró en que algunos predios habrían sido entregados sin que estuvieran completamente saneados jurídicamente y sin acompañamiento suficiente para que los beneficiarios pudieran desarrollar proyectos productivos.
Según su explicación, además de la formalización de los terrenos, los beneficiarios requerían asistencia técnica, tecnología y acceso al crédito para garantizar la productividad de las tierras.
Las cifras expuestas durante el debate también generaron cuestionamientos sobre el cumplimiento de las metas de formalización y entrega de predios.
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido, aseguró que de una meta de 3,9 millones de hectáreas por formalizar se habría alcanzado el 41 %, mientras que de 1,5 millones de hectáreas previstas para entrega se habrían adjudicado 99.477, equivalentes al 6,6 %, según el reporte presentado ante la Comisión Quinta.
Denuncias sobre contratación en la ANT
El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, también intervino para recoger parte de las cifras presentadas durante la sesión.
Según el congresista, la Agencia Nacional de Tierras pasó de 692 contratistas en 2022 a 1.698 en 2026. También aseguró que encontró 18 asesores con honorarios superiores a $16 millones y que entre el primero de enero y el 7 de agosto se suscribieron contratos de prestación de servicios por más de $114.000 millones.
Estos datos fueron presentados por Espinal como parte de los cuestionamientos al manejo administrativo de las entidades del sector durante el gobierno anterior.
Un campo golpeado por inseguridad y cultivos ilícitos
La radiografía presentada por Dangond no se limitó a los asuntos presupuestales.
El ministro aseguró que recibió un sector agropecuario afectado por la presencia de grupos armados ilegales, los cultivos ilícitos y la extorsión contra productores.
En particular, describió una situación en la que, según su diagnóstico, ganaderos y agricultores de distintas regiones enfrentan presiones económicas de organizaciones criminales.
La seguridad rural se convirtió así en otro de los asuntos señalados por el funcionario como uno de los principales obstáculos para recuperar la productividad del campo colombiano.
El Gobierno ha señalado que su nueva estrategia para el sector estará enfocada en productividad, financiación, tecnología, formalización de tierras y apertura de mercados. El Ministerio también ha anunciado programas dirigidos a pequeños productores y jóvenes rurales.
Las declaraciones de Dangond abrieron un nuevo capítulo de discusión política sobre la administración de los recursos destinados al campo durante los últimos cuatro años. Sus señalamientos, realizados ante el Congreso, plantean además la necesidad de establecer mediante documentos y procesos de control fiscal y administrativo cuáles de los contratos y actuaciones cuestionadas cumplieron con los requisitos legales y cuáles podrían requerir investigaciones adicionales.
