En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas al jefe de Estado para la preservación del orden público y la dirección de la política de seguridad nacional, el presidente Abelardo De La Espriella expidió la Resolución 429 del 21 de septiembre de 2026, mediante la cual se retira de manera inmediata la designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. La medida deroga los beneficios y el rol institucional concedidos durante la administración anterior bajo la Resolución 244 de agosto de 2023.
Sustento jurídico, revocatoria de beneficios y reordenamiento de la política de paz
Fundamento constitucional y potestad del Ejecutivo: El acto administrativo se ampara en los artículos 22, 188 y el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, así como en la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022. El Gobierno nacional fundamentó la decisión en la facultad discrecional del presidente de la República para dirigir la política de orden público y reevaluar las herramientas de paz en función del interés general y el principio de justicia.
Revisión de compromisos y fin de concesiones: La resolución deja sin efecto el rol que le permitía a Mancuso intervenir en supuestos procesos de desarme y diálogo con estructuras criminales en zonas donde ejerció su accionar delictivo. La administración del presidente De La Espriella reiteró que la gestión de paz no puede constituirse en un mecanismo de impunidad ni en una figura para eludir los requerimientos de la justicia ordinaria y la rendición de cuentas ante las víctimas.
Notificación a la Oficina del Comisionado de Paz: El artículo segundo del acto administrativo ordena a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz tramitar y comunicar la decisión a los juzgados, tribunales y autoridades competentes para que se adopten las acciones judiciales y administrativas correspondientes.
La revocatoria de esta designación reafirma el giro estratégico del Gobierno nacional hacia la autoridad, la primacía de la ley y el condicionamiento de cualquier beneficio judicial al cumplimiento estricto de penas y a la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado
