La financiación de la consulta interna del Pacto Histórico vuelve a quedar bajo la lupa de las autoridades. La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, en una investigación que busca establecer si los gastos, créditos y aportes reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) corresponden realmente a los movimientos financieros de ambas campañas.
Las diligencias están programadas para los próximos 23 y 24 de septiembre de 2026 y serán adelantadas por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, según informó EL COLOMBIANO.
El procedimiento ocurre pocos días después de una inspección judicial realizada por agentes de la Dijín en la sede que actualmente utiliza el Pacto Histórico en Bogotá. Durante esa diligencia fueron recopilados documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta interna del 26 de octubre de 2025.
¿Qué quiere establecer la Fiscalía?
El foco de la investigación está puesto en determinar si las personas y empresas que aparecen registradas como aportantes o proveedores fueron efectivamente quienes financiaron los bienes y servicios reportados ante el CNE.
En otras palabras, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre lo declarado oficialmente y el origen real de los recursos utilizados durante la consulta.
Para ello serán escuchados los responsables de la administración financiera de las campañas.
Por la campaña de Iván Cepeda fueron citados su gerente, Carlos Saúl Garzón Urrea, y la contadora Sandra Yurany López Cortés. En el caso de Carolina Corcho, deberá comparecer su gerente, Nelson Emiro Linares, junto con su contador.
Samat Publicidad, uno de los puntos bajo revisión
Uno de los asuntos que aparece dentro de la investigación corresponde a Samat Publicidad S.A.S., empresa representada legalmente por el empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez.
En los reportes de la campaña de Cepeda aparecen movimientos por $609 millones relacionados con la compañía y otros $116 millones a nombre de Pérez Páez como persona natural.
El empresario ha sostenido que esos recursos no correspondieron a una donación superior a $700 millones, sino a una relación comercial relacionada con servicios de publicidad e impresión.
Por su parte, el gerente de campaña, Saúl Garzón, había explicado que los recursos correspondían a obligaciones pendientes de pago y que el registro cuestionado podía obedecer a la clasificación utilizada en los formularios electorales.
El tema ya había sido revisado por el CNE, que, según EL COLOMBIANO, concluyó que no estaba demostrado que Samat Publicidad o Pérez Páez hubieran realizado donaciones. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abierta su propia indagación para establecer quiénes financiaron realmente determinados bienes y servicios.
También revisan los gastos de Carolina Corcho
En la campaña de Carolina Corcho, uno de los puntos bajo investigación está relacionado con Chefcito S.A.S., empresa que aparece vinculada a gastos reportados ante el CNE.
La Fiscalía busca determinar si el representante legal de esa compañía fue efectivamente quien financió los bienes y servicios registrados a su nombre y si estos correspondieron a operaciones reales.
Según la información conocida por EL COLOMBIANO, se trata de gastos relacionados con servicios de alimentación que fueron registrados como obligaciones pendientes de pago.
La campaña de Corcho, en su momento, sostuvo que los gastos, aportes y recursos sujetos a reposición habían sido registrados ante las autoridades electorales.
Una investigación que ya escaló
La nueva citación se suma a otras actuaciones judiciales relacionadas con la financiación de la consulta.
El pasado 15 de septiembre, la Fiscalía adelantó una inspección judicial en la sede del Pacto Histórico, con autorización de un juez de control de garantías, para recopilar elementos relacionados con las cuentas y soportes de la consulta.
Además, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda para determinar si existieron irregularidades en la financiación de esa consulta.
Por ahora, el caso continúa en etapa de indagación. La citación a interrogatorio de gerentes y contadores no equivale a una acusación ni determina responsabilidad penal. La Fiscalía deberá establecer, con base en los documentos y declaraciones recopilados, si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación formal o si el expediente debe ser archivado.
La pregunta central que intentarán resolver las autoridades es una: ¿los recursos reportados ante el CNE corresponden exactamente a quienes realmente financiaron los gastos de las campañas de Cepeda y Corcho?
