El debate legislativo y político sobre la sostenibilidad financiera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alcanzó un punto de máxima tensión en el Congreso de la República, donde la propuesta de reducir $100.000 millones de pesos al presupuesto del tribunal transicional para la vigencia 2027 ha recibido un respaldo mayoritario. La iniciativa, impulsada inicialmente por el senador Enrique Gómez Martínez y ratificada por el presidente Abelardo De La Espriella con la consigna “Comuníquese y cúmplase”, sumó en las últimas horas los apoyos de sectores parlamentarios del oficialismo, la bancada del Centro Democrático y representativas organizaciones de víctimas del conflicto.
Reclamos por burocracia, llamado a cancelar contratos y postura de las víctimas
Exigencia de austeridad y desmantelamiento de nóminas paralelas: Desde el Centro Democrático, el exsenador José Obdulio Gaviria instó a la bancada parlamentaria a cerrar filas contra el gasto desmedido en la justicia transicional, solicitando la cancelación inmediata de aproximadamente 800 contratos de prestación de servicios y cuestionando la efectividad de una planta que alcanza los 1.456 puestos con un presupuesto operativo para 2026 de $744.658 millones. Gaviria enfatizó que la asignación salarial de los magistrados —que alcanza los $55 millones mensuales— contradice la narrativa de “asfixia financiera” promovida por la presidencia del tribunal.
Rechazo de las organizaciones de víctimas a la impunidad: La Federación de Víctimas de Colombia, encabezada por Sofía Gaviria, celebró la decisión del Ejecutivo de reorientar fondos hacia la justicia ordinaria, argumentando que tras ocho años de funcionamiento la JEP no ha emitido sentencias proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos por las extintas Farc. En el mismo sentido se pronunciaron la excandidata Ingrid Betancourt, el exrepresentante Jaime Felipe Lozada y el exdiputado Sigifredo López, quienes coincidieron en que el tribunal ha priorizado la expansión burocrática sobre las garantías de verdad, reparación y justicia.
Evaluación del costo de oportunidad: Durante la discusión pública, se subrayó que los más de $4,2 billones de pesos ejecutados por la JEP a lo largo de su funcionamiento se han concentrado primordialmente en gastos de funcionamiento administrativo, recursos con los que se habrían podido financiar más de mil infraestructuras educativas en las regiones más vulnerables del país.
Criterio de asignación presupuestal del Estado: Frente a las intenciones de la cúpula de la JEP de acudir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente De La Espriella reiteró que la asignación de recursos públicos no responde a pretensiones unilaterales de las entidades, sino al marco real de disponibilidad fiscal y a las prioridades operativas de la Nación en materia de seguridad e infraestructura judicial ordinaria.
La consolidación de mayorías en el Legislativo anticipa un ajuste sustancial en el techo presupuestal de la JEP, enmarcado en la política gubernamental de racionalización del gasto público, eficiencia institucional y fortalecimiento de los tribunales ordinarios de justicia.
