La senadora Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, pidió explicaciones a las autoridades de control frente a los pagos por más de $4,4 billones relacionados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), operación que actualmente está bajo la lupa de la Contraloría General de la República.
La controversia se originó luego de que la Contraloría declarara de impacto nacional los hechos detectados en la Fiduprevisora, relacionados con pagos realizados a proveedores de salud del Fomag durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno. Según el organismo de control, no fue posible identificar los soportes y evidencias que respaldarían esas transferencias.
A través de sus redes sociales, Castellanos cuestionó la falta de claridad sobre la cadena presupuestal de los recursos y preguntó quiénes recibieron los dineros y cuáles fueron los servicios que justificaron los pagos.
“Exigimos explicaciones y respuestas claras ya”, manifestó la congresista, quien además pidió que se determinen las eventuales responsabilidades que correspondan.
El caso se suma a otras alertas sobre la situación financiera y administrativa del Fomag. Una denuncia presentada por la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría advirtió sobre problemas de financiación del sistema de salud de los docentes.
Según esa denuncia, la Fiduprevisora habría enfrentado un deterioro financiero mientras administraba el nuevo modelo de salud del magisterio. Además, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria para establecer si se presentaron irregularidades en la administración de recursos y en la contratación relacionada con el Fomag.
La Contraloría explicó que la declaratoria de impacto nacional permite darle prioridad a las investigaciones sobre los hechos detectados y disponer de capacidades especializadas para avanzar en la revisión de la información y las pruebas.
Por ahora, las investigaciones deberán establecer cómo se realizaron los pagos, cuál fue su soporte presupuestal y contractual, qué servicios los respaldaron y si se presentaron irregularidades que puedan generar responsabilidades fiscales, disciplinarias o de otra naturaleza.
