En cumplimiento del marco legal de derecho de petición y los trámites institucionales de correspondencia ciudadana, la Presidencia de la República trasladó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho los oficios remitidos por Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla de la estructura delictiva ‘Los Pepes’. En los documentos oficiales, la Secretaría General del Departamento Administrativo de la Presidencia solicitó a ambas entidades evaluar el escrito en el marco de sus competencias constitucionales para dar una respuesta de fondo.
Trámite administrativo, traslado de competencias y riguroso marco de sometimiento
Remisión por competencia institucional: Los oficios dirigidos a la Dirección de Atención al Usuario e Intervención Temprana de la Fiscalía y al Ministerio de Justicia hacen referencia a la radicación suscrita por Palomino Rodríguez, titulada “Ratificación de voluntad de sometimiento a la justicia, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización”. La Presidencia aclaró que la solicitud se traslada para que los entes competentes adopten las acciones a que haya lugar en los términos fijados por la Ley 1755 de 2015.
Revisión bajo la Ley de Sometimiento y política de autoridad: Desde el Gobierno nacional se ha enfatizado que el traslado de dicho requerimiento no implica la concesión de beneficios ni una negociación política, sino el trámite legal ordinario de una petición ciudadana enviada a la rama judicial. La postura del Ejecutivo se mantiene alineada con la aplicación estricta de la Ley de Sometimiento a la Justicia, la cual exige la entrega incondicional de estructuras criminales, el desmantelamiento integral de economías ilícitas y el juzgamiento ordinario ante la Fiscalía sin margen para impunidad o concesiones jurisdiccionales.
Firmas y radicado institucional: Las comunicaciones trasladadas llevan la firma de Ketlin Andrés Magdaniel Rodríguez, asesor del Grupo de Democracia y Participación Ciudadana de la Presidencia de la República, dejando constancia cruzada de la notificación efectuada tanto al ente investigador como a la cartera de Justicia.
La acción administrativa ratifica que la política de orden público del Estado frente a las estructuras del crimen organizado transcurre de forma exclusiva bajo los cauces de la justicia ordinaria y la capacidad sancionatoria del Estado.
