Frente a la carta enviada por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionando las políticas presupuestales del Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella emitió un contundente pronunciamiento en el que rechazó las acusaciones de una presunta “asfixia” o persecución contra el tribunal transicional. El jefe de Estado reiteró que la revisión del gasto responde estrictamente a un principio de austeridad macroeconómica y optimización de los recursos públicos, garantizando que Colombia mantiene intactos sus compromisos internacionales.
Austeridad presupuestal, evaluación de resultados y fortalecimiento de la justicia ordinaria
Defensa del ajuste de gasto: El mandatario calificó de infundadas las afirmaciones sobre un supuesto incumplimiento de los tratados internacionales y enfatizó que la propuesta de reducir en $100.000 millones el presupuesto de la JEP busca corregir distorsiones fiscales. Detalló que desde 2018 la entidad ha dispuesto de más de $3 billones del erario, por lo que el ajuste planteado es una medida de responsabilidad económica y no un acto de contención política.
Cuestionamiento a la eficacia y la burocracia: De la Espriella señaló que la alta asignación presupuestal recibida por la JEP no concuerda con la lentitud en la entrega de resultados sustantivos, recordando que las primeras sentencias restaurativas solo comenzaron a emitirse en 2025. Asimismo, cuestionó el crecimiento del aparato administrativo y los altos emolumentos de sus directivos, mencionando que la asignación salarial de la presidencia del tribunal pasó de $32 millones en 2018 a más de $55 millones mensuales en la actualidad.
Redistribución hacia la rama ordinaria: El Gobierno nacional reafirmó su intención de orientar los recursos del Estado hacia el fortalecimiento de la Rama Judicial ordinaria, la cual atiende el flujo diario de procesos penales y civiles de los ciudadanos, requiriendo de manera urgente mayor pie de fuerza fiscal y capacidad logística.
Reforma a la competencia de la Justicia Penal Militar: Frente a la propuesta de revisión constitucional para que las decisiones que involucren a miembros de la Fuerza Pública en la JEP sean evaluadas con participación de la Justicia Penal Militar, el Ejecutivo enfatizó que la medida busca brindar plenas garantías procesales, seguridad jurídica e institucionalidad a los uniformados.
El Gobierno nacional concluyó que no cejará en su deber constitucional de auditar el desempeño de los órganos estatales, priorizando los recursos públicos en áreas de alto impacto para la seguridad y la administración de justicia de todos los colombianos.
