El Gobierno nacional avanza en la construcción de una ley de sometimiento dirigida a integrantes de organizaciones criminales que decidan abandonar las actividades ilícitas y ponerse a disposición de la justicia. El vocero presidencial Miller Soto aseguró que el mecanismo no contempla reconocimiento político ni mesas de negociación con las estructuras delincuenciales.
“Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”, afirmó Soto al explicar la posición de la administración del presidente Abelardo De La Espriella frente a los grupos que pretendan acogerse al mecanismo.
De acuerdo con el funcionario, la iniciativa es articulada por el presidente junto con los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara. La propuesta deberá ser presentada posteriormente ante el Congreso para iniciar su trámite legislativo.
Sometimiento con condiciones
El Gobierno plantea que quienes busquen acogerse deberán cumplir una serie de compromisos verificables. Entre ellos estarían el abandono de las actividades criminales, la entrega de información, aportes al esclarecimiento de los hechos, entrega de bienes obtenidos ilícitamente y reparación de las víctimas.
Soto insistió en que no se trataría de un proceso de negociación con las organizaciones criminales, sino de una ruta jurídica para quienes decidan someterse a las condiciones establecidas por la ley.
“Se trata de propiciar un sometimiento que sea real, verificable, con verdad, con cesación de toda actividad criminal, con entrega de información y con reparación verdadera a las víctimas”, sostuvo el vocero.
El ministro de Justicia también ha explicado que el proyecto contempla beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de los compromisos. Entre los elementos conocidos aparecen posibles rebajas de pena diferenciadas según el nivel de responsabilidad dentro de las estructuras, aunque los beneficios no serían automáticos.
Órdenes de captura y extradiciones seguirían vigentes
Uno de los aspectos señalados en la explicación del proyecto es que el sometimiento no implicaría, por sí mismo, la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición.
La propuesta también diferenciaría entre quienes se entreguen voluntariamente y quienes ya se encuentren bajo custodia de las autoridades.
El Gobierno ha planteado, además, que la entrega de bienes y la colaboración efectiva con la justicia sean elementos fundamentales para acceder a los beneficios contemplados en la eventual legislación.
Estatuto antiterrorista
La estrategia anunciada por el Ejecutivo no se limitaría a la ley de sometimiento. Soto confirmó que también avanza la elaboración de un estatuto antiterrorista enfocado en las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.
Entre las economías ilegales que el Gobierno busca atacar se encuentran la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos.
A esto se sumaría un régimen penitenciario especial para los principales cabecillas de las estructuras criminales, bajo la consideración de que quienes ejercen funciones de mando tendrían un tratamiento diferenciado dentro del sistema penitenciario.
El proyecto deberá pasar por el Congreso
Por ahora, la ley de sometimiento se encuentra en etapa de elaboración y revisión antes de su eventual radicación ante el Congreso de la República.
El Gobierno sostiene que la propuesta busca establecer una vía para que integrantes de organizaciones criminales abandonen las actividades ilícitas y se sometan a la justicia, pero bajo condiciones relacionadas con verdad, reparación, entrega de información y bienes.
Mientras el proyecto avanza, Soto reiteró la posición del Ejecutivo frente a las organizaciones criminales: no habrá reconocimiento de estatus político ni mesas de negociación, y quienes continúen delinquiendo deberán responder ante las autoridades.
“El Gobierno va a demostrar que sembrar terror es el peor de los negocios, que el crimen se someta a la ley y no la ley al crimen”, concluyó el vocero presidencial.
