Imputaciones, condenas, llamados a juicio e investigaciones ponen nuevamente bajo la lupa a varios funcionarios y figuras cercanas al expresidente Gustavo Petro, ahora que terminó su administración. Los procesos tienen alcances y estados judiciales diferentes.
El cierre del gobierno de Gustavo Petro ha coincidido con el movimiento de varios expedientes que involucran a antiguos funcionarios, colaboradores y figuras políticas vinculadas a su administración. En las últimas semanas se conocieron nuevas actuaciones judiciales que van desde imputaciones y llamados a juicio hasta condenas ya emitidas.
Entre los nombres que aparecen en estos procesos están Laura Sarabia, Juliana Guerrero, Ricardo Roa, Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco, Sandra Ortiz y Álex Flórez, mientras que las autoridades también adelantan verificaciones relacionadas con las cuentas de la consulta del Pacto Histórico en la que participaron Iván Cepeda y Carolina Corcho.
El panorama, sin embargo, no es homogéneo: estar investigado, ser imputado o ser llamado a juicio no equivale a una condena. Cada expediente deberá avanzar conforme a las decisiones de jueces y fiscales.
Laura Sarabia: del círculo más cercano de Petro a una imputación
Laura Sarabia fue una de las funcionarias que mayor cercanía tuvo con Gustavo Petro durante su administración. Ocupó diferentes posiciones de alto nivel, entre ellas la jefatura de despacho de la Presidencia, la dirección del Dapre, la Cancillería y, posteriormente, la embajada de Colombia en Londres.
Ahora enfrenta un proceso penal relacionado con el episodio de la pérdida de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos reservados, ocurrido en 2023.
La Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Sarabia no aceptó responsabilidad y, según el proceso reseñado, el ente acusador deberá avanzar hacia la siguiente etapa dentro de los términos establecidos.
El caso está relacionado con las actuaciones realizadas alrededor de Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera, y con el uso de un polígrafo en instalaciones de la Casa de Nariño.
Juliana Guerrero: una condena después del escándalo por su título
Otro caso ya tuvo una decisión judicial: Juliana Guerrero fue condenada a tres años de prisión después de aceptar su responsabilidad por la falsificación de un diploma que utilizó para acceder al cargo de viceministra de Juventud.
Guerrero había adquirido notoriedad luego de que Petro la presentara públicamente como una joven líder. Posteriormente surgieron cuestionamientos sobre sus credenciales académicas.
Tras aceptar los cargos, pidió perdón y reconoció que su actuación representó un mal ejemplo para los jóvenes que pretendía representar.
Ricardo Roa y las cuentas de la campaña presidencial
Ricardo Roa, quien dirigió la campaña presidencial de Petro en 2022 y posteriormente estuvo al frente de Ecopetrol, también enfrenta un proceso judicial.
La Fiscalía lo llamó a juicio por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial. La investigación busca establecer si durante la campaña se superaron los topes legales de financiación.
El expediente contempla presuntos excesos en los gastos reportados por la campaña y mantiene a Roa en una situación judicial distinta a la de quienes ya recibieron una condena.
Ricardo Bonilla y el expediente de la Ungrd
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla permanece vinculado al proceso relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía le imputó delitos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública y supuestas actuaciones encaminadas a favorecer intereses particulares desde el Gobierno.
Bonilla pasó varios meses privado de la libertad y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria por razones de salud. Su situación continúa en manos de la justicia.
En el mismo entramado aparecen otros antiguos funcionarios, entre ellos Luis Fernando Velasco, Sandra Ortiz, Olmedo López, Sneyder Pinilla, César Manrique y Carlos Ramón González.
Precisamente, González volvió a quedar en el centro de la atención judicial después de que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá mantuviera vigente una orden de captura en su contra. El exdirector del Dapre permanece fuera del país.
Guillermo Alfonso Jaramillo, citado por el caso de Kevin Acosta
El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo también deberá responder ante la Fiscalía dentro de una investigación relacionada con el caso de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia y que falleció después de presentar complicaciones de salud.
La citación está relacionada con declaraciones que Jaramillo realizó públicamente sobre el caso y con el señalamiento de la familia de que habría divulgado información de carácter reservado.
La actuación judicial, por ahora, no significa que Jaramillo haya sido declarado responsable por la muerte del menor.
Durante los cuatro años del gobierno Petro, Jaramillo fue el único ministro que permaneció de principio a fin al frente de la misma cartera.
Cepeda y Corcho: la lupa sobre la financiación de la consulta
La Fiscalía también puso bajo revisión los reportes financieros de la consulta del Pacto Histórico de 2025.
La investigación busca establecer si las personas y empresas registradas como aportantes fueron efectivamente quienes entregaron los recursos o si detrás de esas contribuciones pudieron existir otros financiadores.
En ese expediente aparecen los nombres de Iván Cepeda y Carolina Corcho. La investigación se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, una indagación no equivale a una declaración de responsabilidad penal.
La revisión incluyó diligencias de la Dijín en instalaciones relacionadas con el Pacto Histórico para recopilar documentación financiera.
Álex Flórez, ante la Corte Suprema
El senador Álex Flórez, también cercano al petrismo, enfrenta un proceso diferente. La Corte Suprema de Justicia lleva actuaciones judiciales en su contra relacionadas con una denuncia presentada por su expareja.
El caso llegó a la etapa de juicio, por lo que será la justicia la encargada de determinar si existe responsabilidad penal.
Un nuevo escenario después del poder
La salida del gobierno no significa que los procesos judiciales contra sus antiguos funcionarios hayan terminado. Por el contrario, varios expedientes continúan avanzando y otros apenas comienzan a tomar forma.
La diferencia fundamental es que los protagonistas ya no ocupan los cargos desde los cuales ejercieron poder durante el gobierno anterior.
La frase del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, según la cual en su administración “nadie tenía corona”, adquiere relevancia en medio de este escenario, aunque cada caso deberá resolverse individualmente y con respeto por las garantías procesales.
Más que una sola causa contra el antiguo círculo de Petro, lo que existe actualmente es un conjunto de investigaciones y procesos de distinta naturaleza y en diferentes etapas.
Para algunos ya existe condena; para otros, imputación o acusación; y en varios casos apenas se adelantan investigaciones. El desenlace de cada expediente dependerá de las pruebas y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
La propia agenda de la Corte Suprema muestra que procesos contra antiguos altos funcionarios continúan avanzando en septiembre de 2026, incluida la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dentro de uno de los expedientes que permanecen activos.
