El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse al proceso que adelanta la Fiscalía por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de los noventa, y aseguró que no está dispuesto a permanecer en lo que calificó como un “limbo reputacional”.
A través de un video divulgado en redes sociales, el exmandatario manifestó que espera que las autoridades competentes determinen de manera definitiva su situación jurídica, ya sea mediante una absolución o una condena.
“Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, afirmó Uribe, al reiterar su rechazo a las acusaciones que lo relacionan con estructuras paramilitares y con hechos violentos ocurridos cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre enero de 1995 y diciembre de 1997.
El pronunciamiento se produce en medio del conflicto de competencia entre la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República sobre quién debe continuar con la investigación. La Corte Constitucional tiene ahora la responsabilidad de dirimir esa controversia jurisdiccional.
Uribe sostuvo que, independientemente de cuál sea la jurisdicción que finalmente determine la Corte, espera que su caso sea resuelto de fondo.
“Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”, señaló.
¿De qué se le investiga?
De acuerdo con la Fiscalía, el expediente está relacionado con hechos ocurridos en los municipios antioqueños de San Roque e Ituango. La investigación contempla presuntos vínculos con la conformación de una estructura paramilitar y las incursiones armadas registradas en los corregimientos de La Granja y El Aro.
Según el ente investigador, los hechos habrían dejado homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado.
La Fiscalía investiga posibles responsabilidades por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en relación con el presunto favorecimiento o promoción del accionar de una estructura armada ilegal que, según la investigación, habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez en aquella época.
El expediente también incluye la investigación por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998.
Uribe dice que ha atendido los llamados de la justicia
El exmandatario reconoció que no estuvo de acuerdo con el traslado de su caso desde la Comisión de Acusación hacia la Fiscalía y afirmó que su abogado, Jaime Granados, considera que esa decisión no correspondía.
Sin embargo, aseguró que ha comparecido ante las autoridades cada vez que ha sido requerido y que continuará haciéndolo.
“He ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen”, manifestó.
Uribe también aseguró que respetará la decisión que adopte la Corte Constitucional frente al conflicto de competencia.
“Cualquier decisión que sobre ese conflicto de competencia tome la Corte Constitucional, la respetaré enteramente, como ha sido mi conducta frente a la justicia colombiana”, concluyó.
El caso permanece, por ahora, pendiente de la definición sobre la autoridad competente para continuar con la investigación. La decisión que adopte la Corte Constitucional será determinante para establecer el rumbo procesal del expediente.
