Una decisión judicial generó controversia en Putumayo luego de que un juez de control de garantías de Mocoa ordenara la libertad de cuatro personas que habían sido capturadas por el Gaula Militar y señaladas por las autoridades como presuntos integrantes de los Comandos de Frontera, estructura armada vinculada a alias Araña.
La captura se produjo en el marco de la denominada operación Samuel, adelantada por las autoridades contra integrantes de la estructura móvil del Amazonas de los Comandos de Frontera. Según la información entregada por el Ejército, durante el procedimiento fueron encontrados diferentes elementos que, de acuerdo con los investigadores, estarían relacionados con actividades ilícitas.
Entre el material incautado se encontraban pistolas, escopetas, cartuchos y munición, además de otros elementos de interés para la investigación. También fueron reportados una mira óptica para fusil, un dispositivo de visión nocturna y teléfonos celulares.
Uno de los elementos que llamó particularmente la atención de los investigadores fue una pistola Five Seven calibre 5.7, conocida popularmente como “mata policías”.
Sin embargo, el juez Álvaro Gómez, del Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Mocoa, decidió no declarar legal el procedimiento de registro y allanamiento que permitió encontrar el armamento.
A partir de esa determinación, se ordenó la libertad de los cuatro capturados, entre ellos dos personas identificadas por las autoridades con los alias de “Miyagui” y “Kataleya”.
La discusión se concentró en la legalidad del procedimiento
De acuerdo con la información conocida sobre la audiencia, la controversia judicial no se centró únicamente en el material que habría sido encontrado durante el operativo, sino en las condiciones bajo las cuales se realizó el registro y allanamiento.
La decisión de no avalar la legalidad del procedimiento tuvo como consecuencia que los elementos obtenidos durante la diligencia no pudieran sustentar, en ese momento procesal, la medida solicitada contra los capturados.
Fuentes militares citadas por medios nacionales señalaron que el armamento encontrado podría estar relacionado con el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, dependiendo de las circunstancias particulares del caso.
No obstante, corresponderá a la Fiscalía y a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades individuales y la eventual validez de otros elementos probatorios dentro de la investigación.
¿Quién es alias Araña?
Los capturados fueron relacionados por las autoridades con los Comandos de Frontera, organización armada con presencia en zonas del sur del país y cuyo principal cabecilla señalado es Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña.
Rojas ha tenido relevancia dentro de los procesos de negociación adelantados durante la política de paz total del anterior Gobierno. Actualmente enfrenta además un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
La Fiscalía también ha informado sobre investigaciones en su contra por presuntos hechos violentos y otros delitos que habrían ocurrido durante el periodo en el que su estructura participaba en acercamientos con el Gobierno.
La decisión vuelve a poner el foco sobre los operativos contra grupos armados
La liberación de los cuatro capturados abrió un nuevo debate sobre los procedimientos utilizados por la Fuerza Pública para obtener órdenes de registro, realizar allanamientos y presentar ante los jueces los elementos incautados durante los operativos.
Para las autoridades militares, la operación representaba un golpe contra una estructura armada con presencia en una zona estratégica para las economías ilegales y el tráfico de drogas. Desde el punto de vista judicial, sin embargo, la discusión quedó centrada en el cumplimiento de los requisitos legales que deben acompañar cualquier diligencia de allanamiento.
La decisión del juez no equivale por sí misma a una declaración de inocencia de los cuatro capturados. La libertad ordenada durante esta etapa del proceso responde a la determinación adoptada sobre la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento.
El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer si existen otros elementos probatorios que permitan avanzar en las investigaciones contra los señalados y determinar las eventuales responsabilidades penales.
