Varios dirigentes y figuras cercanas al proyecto político del Pacto Histórico han enfrentado durante los últimos días controversias políticas y decisiones judiciales que volvieron a poner sus nombres en el centro de la discusión nacional.
Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista al expresidente Gustavo Petro, quien el 16 de septiembre realizó una réplica a una alocución del presidente Abelardo De La Espriella.
Durante su intervención, Petro aseguró que el año tenía 48 semanas, una afirmación que generó cuestionamientos públicos debido a que un año calendario tiene 52 semanas. El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, reaccionó en redes sociales y utilizó el error para cuestionar al exmandatario.
El episodio se sumó a las críticas que recibió la intervención de Petro, particularmente por la forma en que presentó algunos de sus argumentos y cifras. Entre quienes comentaron la actuación estuvo Luis Ernesto Gómez, quien en el pasado respaldó la candidatura presidencial de Petro y cuestionó la manera en que el Pacto Histórico afrontó la réplica.
Laura Sarabia, en el escenario judicial
Otra de las figuras vinculadas al anterior Gobierno que afronta un proceso judicial es Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y posteriormente embajadora de Colombia en Reino Unido.
La Fiscalía sostiene que Sarabia habría intervenido en decisiones relacionadas con la utilización del polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de la entonces funcionaria, en medio del escándalo por la pérdida de dinero en la vivienda de Sarabia.
Según la tesis de la Fiscalía, Sarabia habría dado instrucciones al entonces jefe de seguridad presidencial, coronel Carlos Feria, para realizar el procedimiento con recursos y elementos institucionales. La exfuncionaria no aceptó los cargos formulados en su contra.
El caso se relaciona además con las interceptaciones ilegales de comunicaciones de Meza y otras personas, investigación que ya había llevado a procesos contra integrantes de la Policía. La propia Fiscalía ha documentado que se habrían utilizado informaciones falsas para conseguir autorizaciones de interceptación.
Álex Flórez fue acusado por la Corte Suprema
El panorama judicial también alcanzó al senador del Pacto Histórico Álex Flórez.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó el 16 de septiembre por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en un proceso relacionado con hechos que habrían ocurrido contra su expareja sentimental. El caso había sido abierto por la Corte en 2024 y ahora deberá avanzar hacia la etapa de juzgamiento.
La situación jurídica del congresista ha generado especial atención debido a que la acusación implica que el proceso continuará ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
El caso también tiene antecedentes controvertidos. La expareja de Flórez había manifestado públicamente en 2025 que las acusaciones no correspondían a hechos de violencia y sostuvo que se trataba de una situación relacionada con una persecución política. Esa versión hace parte de los elementos que rodean el expediente.
Carolina Corcho enfrenta cuestionamientos dentro del propio sector político
La exministra de Salud y actual senadora Carolina Corcho también ha protagonizado una semana marcada por cuestionamientos provenientes de sectores del mismo espacio político.
El exembajador Moisés Ninco Daza la cuestionó públicamente por su posición frente a la consulta del Pacto Histórico de octubre de 2025 y planteó interrogantes sobre la participación de colombianos residentes en el exterior.
Corcho no había respondido públicamente a esos señalamientos al momento de la publicación del informe que recogió la controversia. Además, durante los últimos meses ha protagonizado diferencias públicas con Iván Cepeda, particularmente alrededor de asuntos relacionados con el funcionamiento y las decisiones internas del Pacto Histórico.
La consulta de octubre de 2025 estuvo además rodeada de controversias jurídicas y electorales. En ese momento, Corcho, Cepeda y Daniel Quintero aparecieron vinculados al proceso de consulta del Pacto Histórico, mientras distintas decisiones judiciales y electorales generaron incertidumbre sobre su realización.
Así, en pocos días, varias figuras asociadas al petrismo y al Pacto Histórico han tenido que enfrentar escenarios diferentes: desde cuestionamientos por intervenciones públicas hasta procesos judiciales y disputas dentro de la propia colectividad.
Los casos tienen naturalezas distintas y no implican por sí mismos conclusiones sobre la responsabilidad de los involucrados. En los procesos judiciales mencionados, las decisiones definitivas corresponden a las autoridades competentes y los investigados mantienen las garantías procesales correspondientes.
