Nuevas imputaciones de la Fiscalía pusieron nuevamente bajo la lupa a Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como uno de los principales cabecillas de los Comandos de Frontera y quien llegó a ser reconocido como facilitador de paz durante el gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, Rojas estaría relacionado con 16 homicidios y 13 ataques violentos ocurridos entre 2020 y 2024, varios de ellos contra personas que, según la hipótesis de las autoridades, representaban obstáculos para los intereses de la organización armada.
La información fue revelada en medio de las nuevas actuaciones judiciales contra el señalado cabecilla. La Fiscalía sostiene que la estructura bajo su mando utilizaba armas de corto y largo alcance y ejercía mecanismos de control territorial en zonas de frontera.
Entre los homicidios que hacen parte de la investigación aparecen los asesinatos de cuatro líderes sociales. Uno de los casos mencionados corresponde a Marisabel Ramos, lideresa asesinada en el municipio de Solita, Caquetá.
La Fiscalía sostiene que Rojas habría ocupado un lugar central dentro de la estructura de mando de los Comandos de Frontera. Durante la audiencia de imputación, el ente acusador lo señaló de ejercer como “máximo cabecilla militar” y de formar parte de la coordinación de mando de la organización.
Crímenes durante su condición de facilitador de paz
Uno de los elementos que genera mayor controversia en el expediente es la coincidencia entre parte de los hechos investigados y el periodo en el que Rojas fue designado como facilitador del proceso de paz.
Alias ‘Araña’ fue incluido en 2022 como facilitador de paz del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, algunos de los hechos que ahora se le atribuyen habrían ocurrido posteriormente y se extenderían hasta 2024.
La Fiscalía deberá establecer judicialmente la responsabilidad individual del procesado en cada uno de los hechos incluidos en la investigación.
El caso también tuvo repercusión internacional. Estados Unidos solicitó la extradición de Rojas por investigaciones relacionadas con narcotráfico y, según los antecedentes conocidos del proceso, permanece privado de la libertad en Colombia mientras se concreta el trámite correspondiente.
De las negociaciones a la cárcel
La situación de alias ‘Araña’ dio un giro luego de que las autoridades retomaran las acciones judiciales en su contra. Su nombre había adquirido notoriedad pública por su participación en los acercamientos promovidos durante la política de paz total del gobierno anterior.
En uno de sus últimos episodios de exposición pública, Rojas apareció en un hotel de Bogotá en medio de la controversia generada por la decisión del Gobierno de suspender temporalmente su orden de captura para facilitar su participación en el proceso de paz.
En ese momento, desde el Gobierno se defendió la decisión y se cuestionaron las acciones que pudieran afectar las conversaciones con las estructuras armadas.
Posteriormente, el escenario judicial cambió. Las investigaciones avanzaron, se reactivaron actuaciones en su contra y Estados Unidos formalizó su interés en llevarlo ante la justicia de ese país por cargos relacionados con narcotráfico.
Ahora, la Fiscalía colombiana le atribuye una serie de homicidios y ataques violentos que habrían sido cometidos mientras, según el ente acusador, mantenía un papel de mando dentro de la estructura armada.
Las nuevas imputaciones no constituyen por sí mismas una condena. Será la justicia la encargada de determinar, a partir de las pruebas incorporadas al proceso, si Rojas es responsable de los delitos que le atribuye la Fiscalía.
El caso de alias ‘Araña’ vuelve así a poner en el centro del debate el alcance de los mecanismos utilizados durante la política de paz total y el control que ejercían las estructuras armadas que fueron incluidas en esos procesos.
