La controversia por la resolución que busca incentivar el ahorro de energía y que podría generar cobros adicionales a quienes superen determinados niveles de consumo ya llegó directamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Este martes, personeros de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería se reunieron con integrantes de la entidad para solicitar una revisión de la Resolución 101-126, cuya aplicación ha despertado preocupación en la región Caribe.
La principal inquietud está relacionada con el tratamiento que recibirían los usuarios que aumenten en más de un 10 % su consumo promedio de energía durante los próximos seis meses.
Para los representantes del Ministerio Público en la región, la medida debe ser revisada teniendo en cuenta las condiciones particulares de la Costa Caribe, donde las altas temperaturas obligan a muchos hogares a mantener durante más tiempo equipos como aires acondicionados y ventiladores.
En la reunión participaron Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla; Eliana Simancas Tinoco, de Cartagena; Edward Orozco, de Santa Marta; y Luis Gabriel De Giovanni, de Montería.
El encuentro con los comisionados de la CREG se produjo en medio de una creciente ofensiva jurídica e institucional contra la resolución, que comenzó a regir en septiembre y ha sido cuestionada desde distintos sectores de la región.
Uno de los primeros en acudir a la justicia fue el personero de Santa Marta, quien el pasado 7 de septiembre presentó una acción de tutela contra la medida.
Ahora también se conoció que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, llevó el debate ante el Consejo de Estado mediante una demanda de nulidad contra la resolución.
El mandatario cartagenero cuestionó públicamente el sustento técnico de la medida y anunció que acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa para buscar que sea revisada.
Así, mientras avanzan las acciones judiciales, los personeros de las principales ciudades de la Costa intentan abrir un frente directo de diálogo con la CREG.
El reclamo que comienza a tomar fuerza en la región apunta a una misma preocupación: que una política nacional diseñada para promover el ahorro energético termine aplicándose bajo las mismas condiciones en territorios con realidades climáticas completamente distintas.
La discusión ahora queda sobre la mesa de la CREG, mientras autoridades y organismos de control de la Costa insisten en que el consumo de energía en el Caribe no puede analizarse bajo los mismos parámetros que en zonas del país donde las temperaturas y las necesidades de refrigeración son diferentes.
