Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron el monto global del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó establecido en $635 billones, en una votación que permite al proyecto continuar con su trámite legislativo.
La decisión fue adoptada por mayoría en las comisiones terceras y cuartas de ambas corporaciones. Con este primer aval, el Congreso deberá concentrarse ahora en uno de los debates más sensibles: definir cómo se distribuirán los recursos entre los distintos sectores y regiones del país.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, destacó el respaldo obtenido en las comisiones económicas y aseguró que la aprobación demuestra la posibilidad de construir acuerdos entre el Gobierno y el Legislativo alrededor de las principales decisiones de política pública.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también celebró la votación, aunque fue enfático en que el presupuesto todavía puede sufrir modificaciones durante la discusión del articulado.
“Este es un primer paso, pero todo camino empieza por un primer paso”, señaló Gómez.
El funcionario explicó que en las próximas semanas se desarrollarán mesas de trabajo para revisar la composición del proyecto y determinar los ajustes que sean necesarios antes de que avance a las siguientes fases de su trámite.
Gómez reconoció que las restricciones fiscales condicionaron la construcción del presupuesto y sostuvo que el Gobierno tuvo que trabajar con un margen limitado frente a las necesidades del país.
“Este no es el presupuesto con el cual hubiera querido iniciar el mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos, dadas las condiciones en las que está la economía nacional”, afirmó.
Uno de los principales retos planteados por Hacienda será disminuir el peso de la deuda y controlar el crecimiento de la burocracia, en medio de un escenario fiscal que el Gobierno considera complejo.
El ministro también abrió nuevamente el debate sobre la estructura de ingresos del Estado. Según explicó, Colombia ha realizado 21 reformas tributarias desde 1991, pero estas no han resuelto de manera definitiva el problema de contar con recursos suficientes para atender las obligaciones y necesidades del Estado.
Otro de los puntos sobre los que hizo énfasis fue la distribución de las partidas. Gómez aseguró que el Gobierno buscará aplicar criterios de transparencia y descartó que los recursos sean utilizados como mecanismo de negociación política.
En ese sentido, sostuvo que no habrá “mermelada” en el manejo del presupuesto.
El siguiente capítulo del debate estará concentrado en el articulado. Allí se definirá con mayor precisión hacia dónde irán los recursos y qué sectores tendrán prioridad dentro del presupuesto de 2027.
Así, la aprobación de los $635 billones representa un avance importante para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, pero todavía quedan varias semanas de discusión antes de que el Congreso determine la versión definitiva del presupuesto que regirá el próximo año.
