El magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández quedó en el centro de una nueva controversia por el escándalo de corrupción de la UNGRD, luego de que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicara una denuncia penal y una queja disciplinaria ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La organización, encabezada por Pablo Bustos, pidió que se determine si Fernández tiene algún tipo de responsabilidad frente a una serie de conversaciones, llamadas y registros telefónicos revelados por una investigación periodística y que, según esa publicación, ya estaban en poder de la Fiscalía desde 2024.
Los hechos se remontan al 9 de enero de 2024, cuando Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, viajó a Bogotá en medio de una secuencia de comunicaciones con Olmedo López y otros protagonistas del caso.
El mensaje que encendió las alarmas
Según la reconstrucción de los registros, Pinilla le habría comunicado a su pareja antes de viajar que debía ir a “entregar $”. Paralelamente, habría contactado a Miguel, conductor de la UNGRD, a quien escribió “ya a volar”.
Entre las 4:00 y las 5:30 de la tarde se registraron varias llamadas entre Pinilla y Olmedo López mientras avanzaban hacia el occidente de Bogotá.
A las 5:35 p. m., López habría enviado un mensaje al contacto identificado como Vladimir Fernández: “Recuérdeme el apartamento”.
Doce minutos después, desde el chat asociado a Fernández, habría sido reenviada la indicación “Torre 2” y posteriormente el número “112”. López habría transmitido inmediatamente esos datos a Pinilla.
Un detalle señalado en la investigación es que el mensaje con el número del apartamento habría salido de una línea telefónica diferente a la registrada formalmente a nombre del entonces secretario jurídico de la Presidencia.
Minutos después, desde el usuario asociado a Fernández apareció un mensaje con un signo de interrogación. Posteriormente, López habría hablado telefónicamente con Pinilla y le habría indicado que el entonces subdirector ya estaba “en sitio”.
A las 5:59 p. m., Pinilla habría recibido un mensaje de la abogada Irma Solangel Torres con un “hola”, al que respondió “listo”.
Los registros ubican en ese intervalo la ventana en la que presuntamente se habría producido la entrega del dinero.
¿Qué tiene que ver el apartamento?
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que el apartamento señalado en las conversaciones corresponde al 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, inmueble cuya propiedad estaría registrada a nombre de Irma Solangel Torres.
La abogada había trabajado durante años junto a Fernández en diferentes litigios y asuntos jurídicos.
La investigación periodística también señala que allegados han afirmado que una firma fundada por Torres tendría una relación más estrecha con Fernández, versión que el magistrado ha negado.
¿Qué delitos fueron mencionados en la denuncia?
La Red de Veedurías solicitó que se investiguen posibles responsabilidades y citó, entre otras conductas, los delitos de:
- Cohecho propio.
- Cohecho por dar u ofrecer.
- Tráfico de influencias de servidor público.
- Prevaricato por omisión.
- Omisión de denuncia de servidor público.
- Otros delitos que puedan establecerse durante la investigación.
Sin embargo, es importante precisar que la inclusión de estos delitos en una denuncia no significa que Fernández haya sido declarado responsable ni que la Comisión de Acusación haya establecido que existió una conducta delictiva.
Precisamente, la finalidad de la actuación solicitada es determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
La pregunta que rodea a la Fiscalía
Otro de los puntos que generó controversia es la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
Según la investigación periodística, el ente acusador conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que ahora vuelven a poner el nombre de Fernández en el centro del escándalo de la UNGRD.
El material habría quedado incorporado al expediente, pero no se habrían compulsado copias para iniciar una investigación independiente contra Fernández, pese a que para ese momento ya tenía la condición de aforado constitucional.
La fiscal María Cristina Patiño explicó que la información obtenida de los teléfonos de Sneyder Pinilla se encontraba sometida a una “extracción controlada”, dentro de un acuerdo de colaboración que contemplaba una matriz de 27 nombres.
La funcionaria sostuvo que las condiciones del procedimiento limitaban el uso de información que no estuviera relacionada directamente con los hechos incluidos en ese acuerdo.
Sin embargo, cuatro exfiscales generales consultados por la investigación cuestionaron esa explicación y sostuvieron que, ante el hallazgo de información que pudiera comprometer a un funcionario con fuero constitucional, la Fiscalía debía preservar el material y compulsar copias a la Comisión de Acusación.
¿Qué dijo Vladimir Fernández?
El magistrado inicialmente aseguró que no recordaba el episodio.
Posteriormente entregó una explicación sobre el origen del contacto con Olmedo López. Según Fernández, en diciembre de 2023 el entonces director de la UNGRD le manifestó su preocupación por una eventual actuación de la Contraloría.
En ese contexto, Fernández habría recomendado a López los servicios profesionales de Irma Solangel Torres y le habría enviado la dirección de su residencia.
La versión deja abierto uno de los principales interrogantes del caso: si la recomendación profesional estaba dirigida a Olmedo López, ¿por qué terminó siendo Sneyder Pinilla quien se desplazó hasta el apartamento de la abogada?
Los abogados de López y Pinilla también han cuestionado la interpretación de los registros y han defendido que sus clientes actuaron dentro de las condiciones establecidas por la Fiscalía en sus respectivos procesos de colaboración.
¿Qué viene ahora?
La denuncia presentada por la Red de Veedurías deberá ser estudiada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que tiene competencia frente a los funcionarios cobijados por fuero constitucional en las circunstancias previstas por la ley.
La primera decisión será determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de una actuación.
Por ahora, los mensajes, llamadas y registros de ubicación conocidos públicamente constituyen elementos que deberán ser verificados por las autoridades. La eventual responsabilidad penal o disciplinaria de Vladimir Fernández no está establecida.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el escándalo de la UNGRD, pero esta vez con una pregunta adicional que deberá responder la justicia: si la Fiscalía tuvo conocimiento de estos registros desde 2024, ¿por qué no se compulsaron copias para que se investigara oportunamente al entonces funcionario y hoy magistrado de la Corte Constitucional?
