La nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, puso bajo la lupa el volumen de contratación por prestación de servicios registrado en la entidad durante los últimos cuatro años y aseguró que el costo para el Estado habría alcanzado los $1,6 billones.
De acuerdo con las cifras entregadas por Garrido, durante ese periodo se habrían suscrito cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios (CPS), una cifra que, según la funcionaria, evidencia un crecimiento significativo de la contratación de personal bajo esta modalidad.
La directora señaló que al cierre de 2022 la ANT contaba con alrededor de 1.400 contratistas, pero el número habría aumentado considerablemente en los años posteriores.
Más de 11.000 contratistas en un solo año
Uno de los datos que más llamó la atención corresponde a 2025. Según el balance presentado por Garrido, durante ese año la Agencia Nacional de Tierras habría contratado 11.643 personas mediante contratos de prestación de servicios.
La tendencia habría continuado durante 2026. La directora aseguró que, solamente hasta agosto, ya se habían registrado aproximadamente 9.400 contrataciones bajo esta modalidad.
Las cifras fueron presentadas por la funcionaria como parte de la revisión que adelanta sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la entidad.
El monto señalado, de $1,6 billones, corresponde al costo acumulado de los contratos de prestación de servicios mencionados por Garrido durante el periodo analizado.
Garrido pone la contratación bajo revisión
La revelación abre interrogantes sobre el crecimiento de la contratación en una entidad que tiene bajo su responsabilidad una de las principales políticas del Estado en materia de acceso y administración de tierras.
El volumen de contratos también plantea preguntas sobre la necesidad real de mantener semejante cantidad de personal bajo la modalidad de prestación de servicios, así como sobre los criterios utilizados para determinar las necesidades de la Agencia durante los últimos años.
Sin embargo, las cifras expuestas por la nueva directora no implican por sí mismas la existencia de irregularidades. Para establecer si hubo posibles anomalías sería necesario revisar individualmente los procesos contractuales, sus objetos, valores, duración, supervisión y resultados.
Garrido asumió la dirección de la ANT con el reto de revisar la operación de una entidad considerada estratégica para la política agraria del país. Su balance sobre la contratación durante la administración anterior pone ahora el foco en cómo se utilizaron $1,6 billones en contratos de prestación de servicios y qué resultados concretos dejaron esos recursos.
