La Unidad Nacional de Protección (UNP) prepara una nueva revisión de los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de determinar quiénes realmente mantienen condiciones de riesgo que justifiquen la protección estatal.
La decisión comenzaría a aplicarse desde este lunes, luego de que la entidad adelante los respectivos estudios de seguridad para establecer si existen amenazas concretas o circunstancias asociadas al cargo que hagan necesario mantener escoltas, vehículos u otras medidas de protección.
La revisión se produce después de que la UNP comenzara a retirar esquemas asignados a algunos activistas cercanos al expresidente Petro que ya no desempeñan funciones relacionadas con el Estado.
Juliana Guerrero ya fue notificada
Entre los casos que han generado atención está el de Juliana Guerrero, a quien la UNP le habría comunicado oficialmente que ya no continuará con el esquema de seguridad.
La decisión también alcanzaría a varios exministros y exdirectores de entidades que dejaron sus cargos durante el anterior Gobierno.
De acuerdo con la información conocida, uno de los primeros exfuncionarios que podría perder el esquema sería Edwin Palma, exministro de Minas, así como las exministras que estuvieron al frente de las carteras de Deporte, Ciencia y Tecnología y Vivienda.
La determinación, sin embargo, no se tomaría únicamente por haber dejado el cargo. El criterio central será el nivel de riesgo individual que establezcan los estudios realizados por la entidad.
¿Quiénes pueden mantener protección?
La UNP tiene entre sus funciones evaluar las condiciones de seguridad de personas que, debido a sus actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, entre otras circunstancias, puedan enfrentar un riesgo extraordinario o extremo.
Los estudios pueden determinar diferentes niveles de riesgo y, con base en sus resultados, definir si una persona requiere medidas como esquemas de escoltas, vehículos de protección, elementos de seguridad o mecanismos de comunicación de emergencia.
Por eso, la salida de un funcionario del Gobierno no significa automáticamente que pierda la protección. La continuidad del esquema dependerá de las condiciones particulares establecidas en cada evaluación.
La UNP revisará caso por caso
La entidad busca establecer una diferencia entre quienes realmente enfrentan amenazas y quienes ya no tendrían circunstancias que justifiquen el uso de recursos públicos para mantener un esquema de seguridad.
La revisión podría generar nuevas decisiones durante los próximos días, especialmente entre exfuncionarios que dejaron sus cargos y cuya situación de riesgo haya cambiado.
El proceso también pone sobre la mesa el debate sobre el uso de los recursos destinados a protección: mientras la UNP debe garantizar la seguridad de quienes se encuentren en riesgo extraordinario o extremo, también debe evitar que estos esquemas permanezcan de manera indefinida cuando las condiciones que los originaron hayan desaparecido.
La decisión definitiva para cada exfuncionario dependerá de los resultados de los estudios de seguridad y de las determinaciones que adopte la UNP en cada expediente.
