En el marco del paquete de decretos legislativos expedidos bajo la Emergencia Económica para atender los devastadores efectos del terremoto, el Gobierno Nacional reglamentó el funcionamiento del mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta financiera diseñada para acelerar la recuperación de los territorios afectados mediante la inversión directa del sector privado.
La medida busca canalizar la capacidad técnica y financiera de las empresas privadas para la ejecución inmediata de proyectos prioritarios, eximiendo a los contribuyentes de parte de sus obligaciones tributarias una vez entreguen las obras finalizadas y a satisfacción.
Lineamientos y directrices del mecanismo
El marco normativo establece parámetros precisos para garantizar la transparencia, la destinación de los fondos y la equidad en la distribución regional de las inversiones:
Mecanismo de compensación tributaria: Las empresas podrán redirigir los recursos que normalmente destinarían al pago de impuestos hacia la financiación y ejecución directa de proyectos de reconstrucción en las zonas de desastre. La responsabilidad tributaria de la firma privada solo quedará saldada una vez la obra sea entregada en óptimas condiciones operativas.
10 líneas de inversión habilitadas: Los proyectos ejecutables bajo este esquema abarcan la construcción y reparación de vivienda de interés social (VIS), infraestructura educativa (colegios), centros de salud, puentes, malla vial, así como obras de saneamiento básico, agua potable y redes de energía.
Prohibición de conflicto de interés: El decreto explicita que las empresas participantes no podrán emplear este mecanismo para reparar o intervenir bienes de su propia estructura patrimonial o comercial.
Enfoque territorial y priorización: El Consejo Confis fijará el cupo máximo global de recursos asignables a Obras por Impuestos. Por mandato del decreto, el 35 % de dicho cupo deberá beneficiar de manera obligatoria a municipios de quinta y sexta categoría, garantizando el flujo de recursos hacia las poblaciones con mayores índices de vulnerabilidad fiscal e institucional.
