De acuerdo con información de las autoridades, en el sitio se extraían cerca 5500 gramos de oro mensuales, los cuales estarían avaluados en más de 2000 millones de pesos en el comercio.
En desarrollo de operaciones militares ofensivas en contra de las finanzas ilegales de los grupos criminales, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional ubicaron e intervinieron once unidades productoras mineras que estarían trabajando sin los permisos ni autorizaciones legales vigentes ni licencia ambiental.
Hasta el sector de Guarumo, zona rural de Caceres, Antioquia, unidades del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, orgánico de la Décima Primera Brigada, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, llegaron guiados por información de inteligencia militar, que daba cuenta de la presencia de varias embarcaciones que se encontraban adelantando acciones contra el medio ambiente.
En el lugar, fueron halladas once dragas artesanales tipo buzo y más de 50 galones de combustible que eran empleados para extraer de manera ilegal oro. Según las primeras informaciones estos elementos tendrían un valor cercano a los 300 millones de pesos.
Es así como se detuvo, además de la grave afectación a las fuentes hídricas, una explotación de más de 5500 gramos de oro mensuales, los cuales estarían avaluados en cerca de 2000 millones de pesos en el comercio.
Estás once unidades productoras mineras harían parte de las redes de finanzas ilegales de la Subestructura criminal Yeison Leudo Chaverra, del grupo armado organizado Clan del Golfo.
Con este importante resultado operacional, la Séptima División del Ejército Nacional afecta de manera contundente las estructuras logísticas y criminales que delinquen en esta región del Bajo Cauca antioqueño, impidiendo que se lucren de manera ilegal y, además, sigan dañando el ecosistema, la flora y fauna, y los recursos hídricos.
En la zona de los hechos, se fortaleció el dispositivo de la Fuerza Pública, con el objetivo de continuar ubicando estas unidades productoras mineras y seguir golpeando las finanzas ilegales del grupo criminal del Clan del Golfo.
