Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República se anunció la realización de audiencias públicas para escuchar a las comunidades involucradas en el histórico diferendo limítrofe entre los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia. El proceso busca destrabar la disputa por zonas de alto desarrollo económico y residencial como Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad Mallorquín.
El presidente de la comisión en el Senado, Carlos Meisel (Centro Democrático), confirmó que los insumos recogidos en estas jornadas participativas servirán de base para la ponencia que deberá discutir el Legislativo.
Participación ciudadana e insumos técnicos
El senador Meisel enfatizó que el pronunciamiento de la comunidad será determinante para orientar la decisión política, al tiempo que garantizó agilidad en el trámite parlamentario:
Escucha a la ciudadanía: “Queremos acompañar a la gente, acompañar a la voluntad de la ciudadanía. Jamás me voy a ir en contra de la voluntad de la ciudadanía. El informe del Igac es un insumo para elaborar una ponencia que todavía no existe”, sostuvo el congresista.
Certeza territorial: El legislador destacó que, tras tres décadas de querellas judiciales y litigios, se le pondrá celeridad a la definición de límites para brindar garantías de planeación y tributación a los habitantes de la zona.
Tesis de la defensa institucional de Barranquilla
Por parte de la Administración Distrital de Barranquilla, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, ratificó la postura de la capital del Atlántico sobre la soberanía de los terrenos en controversia, fundamentándose en los dictámenes técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC):
Antecedentes cartográficos: Aljure señaló que entre 2005 y 2009 el IGAC ya había emitido un informe delimitando a Barranquilla con la inclusión del Corredor Universitario y Villa Campestre.
Plazos jurídicos del Congreso: La funcionaria recordó que el Congreso dispone de un plazo de un año para expedir la ley marco. Explicó que, de no expedirse la norma en ese lapso, el informe técnico del IGAC adquirirá vigencia de carácter definitivo en favor del Distrito.
Perspectiva de la Cámara de Representantes
Por su parte, el representante a la Cámara Jaime Santamaría (Pacto Histórico), integrante de la misma comisión, planteó que la solución debe sopesar diversos elementos más allá del sentir popular:
Evaluación técnica e histórica: El congresista puntualizó que el fallo final debe integrar análisis cartográficos, antecedentes históricos e implicaciones tributarias para ambos entes territoriales, garantizando que la decisión beneficie directamente a la población civil afectada por la indefinición limítrofe.
