Una nueva controversia pone bajo la lupa el manejo de los recursos de Ecopetrol y las decisiones tomadas durante la anterior administración. Marcela Ulloa, exjefa de Comunicaciones Externas y Prensa de la petrolera, aseguró que recibió presiones internas para avanzar con un patrocinio cercano a los $7.200 millones destinado a un libro y a exposiciones internacionales promovidas por Eva Ferrer, asesora española cercana a la entonces primera dama Verónica Alcocer.
Según el testimonio, la propuesta fue discutida internamente en abril de 2025 y contemplaba utilizar recursos de publicidad y pauta de Ecopetrol para financiar la impresión de miles de ejemplares del libro ‘Colombia, más allá de la memoria’, además de actividades y exposiciones en Miami y Europa.
La exfuncionaria aseguró que se negó a llevar la solicitud al comité de patrocinios de la compañía porque consideraba que el proyecto no tenía una relación suficientemente clara con el objeto social de Ecopetrol ni justificaba una inversión de esa magnitud.
Ulloa explicó que la empresa manejaba por separado recursos destinados a publicidad y pauta. De acuerdo con su versión, uno de esos presupuestos rondaba los $2.000 millones, mientras que el destinado a pauta se acercaba a los $7.000 millones.
Por esa razón, sostuvo que el monto planteado para el proyecto prácticamente comprometía la totalidad del presupuesto de pauta de la compañía para 2025.
La exjefa de comunicaciones afirmó que dejó registrada su posición mediante un correo electrónico en el que expuso varias razones para no continuar con el trámite. Entre ellas mencionó la falta de relación directa con el negocio energético, la ausencia de beneficios concretos para la compañía y las restricciones presupuestales que estaban vigentes en ese momento.
Según su relato, después de expresar su negativa comenzó a experimentar un deterioro en el ambiente laboral que calificó como una serie de presiones y situaciones de hostigamiento.
Ulloa señaló a Diana Jiménez, entonces directiva del área de Relacionamiento Corporativo y Comunicaciones, como una de las personas que habría insistido en avanzar con la iniciativa.
El caso volvió a tomar relevancia en agosto de 2026, cuando la exfuncionaria decidió entregar información a la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol. El 4 de agosto, según su versión, puso en conocimiento del director de esa dependencia, Rodolfo García, detalles sobre las reuniones en las que se habría discutido el patrocinio.
Ulloa aseguró además que aportó correos y otros documentos con los que buscaba demostrar que la iniciativa sí había sido discutida dentro de la compañía y que su posición había sido oponerse a tramitarla.
Posteriormente, el 17 de agosto, acudió a delegadas de género de la Unión Sindical Obrera (USO) para exponer las situaciones laborales que, según afirmó, estaba enfrentando.
El sindicato solicitó una reunión para revisar la denuncia, encuentro en el que estaban previstos representantes de la dirección de Ecopetrol y del área de Talento Organizacional.
Sin embargo, antes de que se realizara esa reunión, Ulloa recibió una noticia que relacionó directamente con su denuncia: el 26 de agosto fue notificada de la terminación unilateral de su contrato sin justa causa.
La exfuncionaria considera que su salida pudo constituir una represalia por haberse negado a tramitar el patrocinio y por haber entregado información a la oficina de Cumplimiento.
No obstante, hasta ahora no existe una decisión oficial de los organismos de control que confirme las acusaciones formuladas por Ulloa.
El caso también ha generado preguntas alrededor de Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol. De acuerdo con fuentes citadas por La FM, su llegada al cargo habría estado rodeada de cuestionamientos y presuntas influencias externas.
Estos señalamientos hacen parte de asuntos que estarían siendo revisados dentro de una auditoría forense adelantada en la petrolera. En ese contexto también aparece mencionado un empresario conocido con el alias de ‘el Bachiller’, cuyo nombre ha sido relacionado, según las versiones citadas, con posibles influencias sobre decisiones y nombramientos dentro de la empresa.
Otro de los asuntos bajo revisión estaría relacionado con un negocio de compra de gas que habría sido analizado desde la oficina de Ecopetrol en Houston. Las versiones conocidas por el medio señalan que diferentes personas habrían tenido interés en esa operación, aunque finalmente no se habría concretado.
Paralelamente, la Veeduría por la Verdad y la Justicia solicitó a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría investigar el nombramiento de Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol.
La organización pidió establecer quiénes respaldaron su hoja de vida, cuáles fueron los criterios utilizados para su designación y si existieron influencias externas en el proceso.
También planteó la necesidad de revisar posibles conflictos de interés relacionados con decisiones de contratación, nombramientos y administración de recursos dentro de la estatal petrolera.
Por ahora, los señalamientos permanecen en etapa de revisión y no existe una determinación oficial que atribuya responsabilidades penales o administrativas a Marcela Ulloa, Eva Ferrer, Verónica Alcocer, Juan Carlos Hurtado, Diana Jiménez o las demás personas mencionadas en las denuncias.
El caso abre, sin embargo, un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de Ecopetrol, la independencia de sus decisiones internas y las eventuales presiones que pudieron existir alrededor de contratos, patrocinios y nombramientos durante los últimos años.
Serán las investigaciones internas y las autoridades competentes las encargadas de establecer si las denuncias corresponden a irregularidades comprobables o si, por el contrario, se trató de decisiones administrativas dentro de las competencias de la compañía.
